Debo decirlo… El Reto de Democratizar la Justicia

México se encuentra ante una coyuntura inédita en su historia: por primera vez, las y los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial, desde jueces locales hasta ministros de la Suprema Corte. Esta transformación, que busca democratizar una de las instituciones más herméticas del Estado mexicano, representa tanto una oportunidad como un riesgo, según el enfoque con que se le mire.

En Zacatecas, la elección judicial ha despertado un notable interés mediático y social. El proceso abarcará la designación de magistraturas, jueces de primera instancia y otras figuras jurisdiccionales. Se trata de cargos que, hasta ahora, eran asignados mediante procedimientos internos con escasa participación ciudadana. Ahora, se pretende que el voto directo legitime a quienes impartirán justicia, con el argumento de que nadie que ejerza poder público debe estar exento del escrutinio popular.

La propuesta de elección por voto popular de jueces y magistrados surge en un contexto de desconfianza hacia el sistema de justicia. Durante años, el Poder Judicial ha sido percibido como distante, opaco y a veces capturado por intereses ajenos a la legalidad. En ese sentido, abrir la elección de sus integrantes al pueblo representa, al menos en el discurso, un intento de acercar la justicia al ciudadano común.

Sin embargo, esta apertura conlleva desafíos mayúsculos. El primero de ellos es el riesgo de politización. En un país donde las campañas electorales están marcadas por el poder económico, el clientelismo y la desinformación, existe el peligro de que las candidaturas judiciales se conviertan en espacios de disputa partidista. Si los jueces responden a compromisos adquiridos con grupos políticos o económicos, se pondría en entredicho su independencia, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de justicia.

Otro reto es el desconocimiento ciudadano. Pese a la magnitud del cambio, buena parte de la población no cuenta con información suficiente sobre los perfiles de quienes buscan acceder al Poder Judicial. La complejidad técnica del trabajo jurisdiccional, sumada a la falta de campañas de educación cívica, limita la capacidad de decisión informada de los votantes. Elegir a una jueza o juez no es lo mismo que elegir a una diputada o presidente municipal: implica evaluar conocimientos jurídicos, trayectorias éticas y capacidades técnicas, elementos que no se transmiten fácilmente en un cartel o un eslogan.

La elección judicial puede ser un avance democrático si se acompaña de medidas que garanticen la transparencia, la profesionalización y la rendición de cuentas. No basta con que los jueces sean electos por el pueblo; es indispensable que su desempeño esté sujeto a evaluación constante, que se preserve su independencia, y que existan contrapesos institucionales reales.

Zacatecas, como todo el país, se enfrenta a una decisión histórica. La justicia no puede ser rehén del poder, pero tampoco puede mantenerse aislada del escrutinio ciudadano. El desafío consiste en encontrar el equilibrio que permita tener jueces cercanos al pueblo, pero no subordinados a él; conscientes de su responsabilidad social, pero firmes en su autonomía frente a intereses ajenos a la ley.

Este es el primer reto que deberá enfrentar la reforma judicial emprendida por Andrés Manuel López Obrador, si fracasa la participación ciudadana, pone en riesgo la legitimidad de esta reforma constitucional.

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