Descriminalizar las drogas

Durante las últimas dos décadas el ideario público, las páginas de los periódicos y las editoriales de los noticieros tratan, un día si y otro también, los dolores de la sociedad derivados de la política prohibicionista que nuestro país y casi la totalidad del mundo aplican a rajatabla sobre el consumo, el comercio y la producción de drogas estupefacientes. Los mexicanos hemos pagado con infinidad de vidas y con un dolorosísimo impacto en nuestra vida cotidiana el costo de esta política que está basada en la persecución sin cortapisas de este fenómeno.

Lo que ha quedado claro desde hace tiempo es que los enfoques punitivos son a la vez ineficaces y perjudiciales. Décadas de criminalización no sólo han fracasado estrepitosamente en desincentivar el consumo de drogas, sino que también han impulsado las epidemias mundiales de VIH y hepatitis al obstaculizar los esfuerzos para prevenir la transmisión y brindar atención a las personas necesitadas, al tiempo que se ha propiciado el auge explosivo de actividades delictivas que han crecido cobijadas alrededor del fenómeno de las estupefacientes, consumido montos extraordinarios de recursos públicos destinados a su combate con las consecuentes repercusiones económicas, mientras se llenaron las prisiones.

Al finalizar 2023, una comisión multidisciplinaria de expertos sobre política de drogas y salud auspiciada por Johns Hopkins en los Estados Unidos y por la revista médica británica Lancet no encontró evidencia de que la amenaza de cárcel sea un elemento disuasivo eficaz contra el consumo de drogas. El encarcelamiento a menudo reduce el acceso a la atención, causa adversidades después de la liberación y facilita exposiciones negativas de los convictos durante el tiempo de prisión, donde la falta de materiales de inyección seguros y otros servicios de reducción de contagio aumentan el riesgo de hepatitis viral y transmisión del VIH —que ya es aproximadamente 35 veces mayor entre los adultos que se inyectan drogas que entre los que no lo hacen. El estigma y la discriminación sólo hacen que sea menos probable que las personas que consumen drogas obtengan la ayuda que necesitan.

Este último informe de la llamada Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas describe la despenalización como un precursor esencial para acabar con el VIH y la hepatitis viral como amenazas a la salud pública. Desde su formación en 2011 por líderes médicos, políticos, económicos y culturales, la Comisión ha abogado por la despenalización como parte de un enfoque de la política de drogas basado en los derechos, arraigado en principios de salud pública y evidencia científica y para minimizar los daños derivados de su consumo. La ONU reconoce que la criminalización de las drogas “tiene demostrados efectos negativos para la salud” y “contrarresta la evidencia establecida de salud pública”; no obstante, persiste una desconexión entre la acción política y legislativa y el discurso. Las políticas nacionales sobre drogas siguen siendo en gran medida punitivas; están polarizadas, simplificadas y basadas ​​más en ideología que en evidencia: 115 de 128 países incluidos en las investigaciones de la comisión todavía penalizan el consumo de drogas y solo 105 países apoyan la reducción de daños como política oficial.

Por supuesto, la despenalización por sí sola no es suficiente. En el informe se enfatiza la necesidad de ampliar los instrumentos de reducción de daños junto con la despenalización de la posesión y el uso personal de drogas. Portugal atrajo la atención internacional cuando, a principios de la década de 2000, despenalizó las drogas como parte de su respuesta progresiva al creciente uso de drogas inyectables y la transmisión del VIH y la hepatitis viral en el país. El número de personas que consumen heroína se redujo 75% en 2017; las sobredosis mortales más del 85% y los nuevos diagnósticos de VIH más de 90%. Cuando el uso de drogas ilícitas en el país comenzó a aumentar en los últimos años, los críticos aprovecharon la reversión como evidencia del fracaso de la política. Pero el aumento del consumo de drogas coincidió con una caída de la financiación del programa de tratamiento de drogadicción, una parte esencial de este. El enfoque de Portugal no fue simplemente despenalizar; redefinió la adicción como una enfermedad y brindó tratamiento y apoyo a la recuperación, alejando a las personas que consumen drogas del sistema judicial y acercándolas a la atención profesional. La despenalización debe ir acompañada de un apoyo médico, psicológico y social integral para abordar factores como la falta de vivienda y la inestabilidad de la vivienda, la mala salud mental, la pobreza, las desigualdades raciales y el acceso inadecuado a la atención médica, todo lo cual podría llevar a las personas al consumo de drogas. Esa es una verdadera política de atención a las causas.

Mitigar el daño es difícil, si: los patrones de consumo de drogas están cambiando (como lo desnuda el aumento de los opioides sintéticos) y varían ampliamente entre poblaciones marginadas, en entornos urbanos y rurales. La despenalización funciona, pero no aislada; y aunque no significa eliminar la aplicación de la ley del complejo entorno del consumo de drogas, sí requiere que los profesionales de la salud y no el sistema de justicia penal, sean los primeros en responder a esta crisis de salud pública. Las pruebas que demuestran que la criminalización ha fracasado son abrumadoras. Se necesitan reformas audaces e integrales para implementar políticas de despenalización de drogas orientadas a la salud y basadas en los derechos. ¿Qué más hará falta para que los políticos responsables escuchen? ¿Qué pasen las elecciones?