Comida, tabaco y cáncer

En el momento en que diversos organismos encargados de la sanidad en el mundo como la Organización Mundial de la Salud o los Institutos Nacionales del Cáncer en Francia revelan que la incidencia del cáncer se ha duplicado en treinta años, surge la pregunta de si los gobiernos de la actualidad y los del futuro, al contrario de los que los precedieron, llevarán a cabo una política preventiva acorde con este importante problema de salud pública.

De todos los casos de cáncer que suceden en este mundo occidental, cuatro de cada diez son prevenibles: no aparecerían si se evitara la exposición a factores de riesgo conocidos, en primer lugar, el tabaco, el alcohol y la obesidad, lo que representa -por ejemplo- un número cercano a 70 mil de los 160 mil casos nuevos que suceden en México. El ejemplo del control del tabaco ilustra dos estrategias preventivas principales implementadas: una dirigida a informar al público y la otra dirigida al carcinógeno: cuando se combinan las dos estrategias, se observan resultados tangibles. Las campañas de información y las medidas que siguieron han llevado a una reducción del tabaquismo, a pesar de que hoy unos 11 millones de mexicanos siguen fumando diariamente. Pero ilustra también lo que ha sucedido con la política antitabaco en México y las respuestas de diversas fracciones de la sociedad ante este tipo de problemas que la afectan por entero.

Está claro que, en términos de prevención del cáncer, la difusión de información es la estrategia más socorrida por las autoridades sanitarias. Dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y llevar una dieta más equilibrada son los mensajes más difundidos para reducir los tres principales factores de riesgo identificados hasta la fecha. Sin embargo, conocemos los límites de este enfoque. ¿Cuál es el impacto del mensaje de la autoridad de salud de “comer bien y moverse más” cuando está escrito -si es que está- en letras pequeñas al pie de imágenes publicitarias que ensalzan las cualidades de sabor de los alimentos ultraprocesados que se sabe que aumentan el riesgo de obesidad y cáncer?

¿Es realmente sorprendente ver una duplicación del número de personas obesas en veinticinco años cuando los sucesivos gobiernos han sido tan reacios a regular el suministro industrial de alimentos obesogénicos? Se advierte a los consumidores, pero ¿esto exime a las autoridades de sus responsabilidades teniendo en cuenta que el 40% de los cánceres podrían evitarse con cambios de comportamiento y con acciones puntuales de política sanitaria? Y, por otra parte, ¿cuál es el papel de los sectores de la economía que se han opuesto, incluso a través de acciones legales, a la puesta en vigor de medidas tendientes a modificar esta realidad bien conocida?

La historia de la lucha contra el tabaco ha demostrado el poder y la eficacia de los grupos de presión económicos para poner en duda la validez de los datos científicos y conseguir que los gobiernos pospongan la prohibición de los productos tóxicos que comercializan.

El caso de los amparos solicitados por el gremio restaurantero en México o el caso francés de los nitritos, estos aditivos alimentarios utilizados en embutidos y que, según una publicación de 2018 de la OMS causan casi 4000 cánceres de colon y medio millar de canceres de estómago en ese país, son ejemplo de alternativas políticas permisivas a los intereses monetarios de sectores económicos particulares. Las salidas en cada caso son patéticas: en el caso de mexicano la “solución” es el uso de espacios confinados para que la gente fume y en el francés la ley no prohíbe la venta de esos carcinogénicos, sino que anima a pedir a los ciudadanos que limiten su consumo de las salchichas que los contienen.

Aunque hay muchas otras acciones previstas para actuar sobre los factores de riesgo que generan los casos de cáncer, serán ineficaces si no van acompañadas de una intervención decidida de las autoridades a nivel nacional, pero también a nivel global, para gravar, limitar y, sobre todo, prohibir sustancias que son tan patógenas como rentables.

La lucha contra este flagelo también implica reducir las desigualdades sociales en salud, ya que el cáncer mata a los ciudadanos de las clases trabajadoras tres o más veces que a los pertenecientes a las clases sociales más privilegiadas.

Cuando se trata de cáncer, una política de salud pública verdaderamente responsable debe basarse en dos pautas para ser eficaz: una política de regulación estricta y supresión de productos industriales cancerígenos y una política preventiva dirigida a informar a la población. Este es el criterio por el cual se debe medir el compromiso de los gobiernos y de cada fracción de la sociedad de luchar contra los cánceres prevenibles.