La renuncia del ministro

Hace unos días, Eduardo Medina Mora renunció a su condición de Ministro de la Corte, sin expresar la causa. Ojalá que la Cuarta Transformación funcione y propicie que se aclare el motivo de la dimisión, pues es increíble que sin razón deje tan elevado cargo cuando aún le quedan 11 años de ejercicio, que al fina le brindarán una jugosa pensión.

El artículo 98 de nuestra Constitución señala que las renuncias de los Ministros sólo procederán por causas graves. Es decir; el requisito de procedibilidad para que se acepte la renuncia de un Ministro es que esté motivada por causas graves; luego entonces, si no hay causas graves, la renuncia no puede ser aceptada. Pero si las hay, deben ser ventiladas para justificar su retiro del cargo, pero también para que si existen conductas delictivas, como así se ha dado a entender, se apliquen estrictamente las sanciones y/o medidas legales procedentes, para combatir la impunidad. No podemos actuar como siempre, aceptando que quien delinque solo se retire del cargo sin castigo y se vaya a disfrutar de la libertad y de los excesos cometidos al amparo del poder.

Se dice que Medina Mora recibió transferencias millonarias en sus cuentas de Londres y Estados Unidos, que no coinciden con los ingresos manifestados en su declaración patrimonial; pero también se dice que protegió al abogado Juan Collado para que éste tuviera tiempo de sacar 10 millones de euros de sus cuentas antes de ser congeladas. También se dice que protegió al “Bronco Rodríguez”, para que no fuera sancionado por utilizar recursos del gobierno estatal en su campaña para Presidente de la República; y se dice que protegió al exvicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien operaba las campañas negras desde 2006 contra López Obrador. Todo esto, enmarca un abusivo uso de tan alto cargo, conduciendo la justicia a favor de sus intereses o las de sus aliados.

Si esa es la verdad, que así se diga y se proceda en consecuencia, y no se deje que se siembre la idea de que la renuncia obedece a la urgencia que tiene el presidente de imponer a otra de sus cartas para contar con el número suficiente de ministros que le permita disponer de la justicia.