Desaparición forzada

Mientras no aparezcan los 43 normalista vivos de Ayotzinapa, Guerrero, el derecho internacional le va a imputar al Estado mexicano crimen de Estado o bien desaparición forzada.

México ha suscrito normas internacionales en donde tiene la obligación moral de prohibir en su derecho interno normas de ius cogens. La tortura, la desaparición forzada, la esclavitud, el crimen de Estado, genocidio, delitos de lesa humanidad, etcétera, son delitos que pudieren suceder en nuestro país y lo estamos viviendo en el presente con la tipificación de la desaparición forzada.

Esto no significa que nuestra nación acepte dentro de su legislación la permisión de la tortura o la desaparición forzada. Sin embargo los hechos que sucedieron con la desaparición de los normalistas de Iguala, tipifican la conducta de los policías como un acto del Estado.

Estos atentados a la dignidad de los derechos fundamentales de los normalistas y de sus familias, están siendo señalados por Amnistía Internacional, dado a que se dan hechos delictivos prohibidos por el derecho internacional, es decir por el ius cogens y, en contraparte México tendrá que enfrentar esta situación apegado a sus normas internas esencialmente al derecho penal.

No obstante que México pone en peligro los tratados y convenios internacionales que han sido suscritos en toda su vida constitucional, el gobierno mexicano a través de sus órganos de comunicación social no solamente pretende desviar la atención de todos los mexicanos, sino de la comunidad internacional.

Ya que si no hace nada el poder permanente constituyente mexicano para transparentar los hechos ocurridos en contra de los normalistas y, castigar a los responsables. La comunidad internacional va a solicitar la nulidad de los demás tratados suscritos en materia de derechos humanos y, pues al parecer a nadie le conviene esto.

Nadie desea un escenario como el ocurrido con Rosendo Radilla allá en los años 70, cuando Luis Echeverría personificaba una dictadura perfecta; no se desea que la violencia institucional se apodere del derecho, de la democracia y de la justicia social.

El sacrificio, la desaparición y la muerte de Radilla, tuvo como efecto para México la recepción del control difuso constitucional y convencional de nuestro sistema jurídico.

Por eso se quiere que no haya más sacrificios humanos en aras de construir un estado de derecho que garantice la paz y la seguridad de todos. Tampoco se pretende un estado militarizado o delincuencial, en donde quede derogado todo el sistema jurídico de los derechos humanos.

Los tres poderes de la Unión son los responsables de lo que está pasando en nuestro país, es decir no solamente el Ejecutivo Federal. Pero ante todo, son responsables de la masacre ocurrida en contra de la desaparición y muerte de os 43 normalistas.

Maestro en Derecho Constitucional

Imagen Zacatecas – Sergio García Castañeda