Acusa despojo de predio en la avenida Huicot

Rosa María Martínez Rivera acusa que de manera dolosa le quitaron un predio en 1983.  El terreno se ubica en la avenida Huicot y esta valuado en más de 1 millón de pesos.  La mujer aseguró que ella no se desistirá del terreno, por lo que imputó al notario público y a trabajadores de Catastro. … Leer más

Rosa María Martínez Rivera acusa que de manera dolosa le quitaron un predio en 1983. 

El terreno se ubica en la avenida Huicot y esta valuado en más de 1 millón de pesos. 

La mujer aseguró que ella no se desistirá del terreno, por lo que imputó al notario público y a trabajadores de Catastro.  
Al respecto, Mario Alberto Cruz Reyes, titular de Catastro, informó que en el expediente de dicho predio existe un traslado de dominio, en el que Rosa María le vende a su hermano Samuel. 

El proceso lo realizó el notario público Juan Antonio Castañeda Ruiz. 

En mayo del siguiente año y ante el mismo notario Samuel le vende a Meregildo del Río Escobedo y en el 2013 este le pasa la propiedad a Miguel Correa Nava. 

En esa ocasión el trámite se realizó con el notario público 45, Saúl Castañeda Sánchez. 

Sobre el tema, Martín Martínez, asesor legal de la quejosa, aseguró que dichas acciones fueron  tráfico de influencias y actos jurídicos simulados para llevar a cabo una formalidad aparente y despojar a su clienta del terreno.

Del que destacó “no está ubicado en la colonia Las Aves, está en la avenida Huicot y vale más de 1 millón de pesos”. 
Acusó además que  el personal de Catastro se negó a recibirle el pago del predial en días recientes. 

Cruz Reyes respondió que no le aceptaron el dinero porque estarían incurriendo en una falta, ya que legalmente el dueño es otra persona. 

Reconoció que el problema de la situación radica en un error involuntario del personal de Catastro que no sacó la tarjeta física de  Martínez Rivera y se dio de alta  la propiedad a nombre de otra persona, quien es legalmente el propietario. 

Martín Martínez aseguró que la imputación legal que ellos realizan no es imputación directa   contra algún funcionario, pero sí contra el notario por tráfico de influencias, actos jurídicos simulados por llevar a cabo una formalidad aparente para despojar a Martínez Rivera de dicho terreno. 

En relación con el tema, el secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz, dijo que será la autoridad competente quien dictamine si el ayuntamiento es culpable o inocente o si cometió una omisión y que acatarán cualquier resolución.

 
Pero destacó que el gobierno presidido por Pepe Haro es transparente y está para atender la problemática de la ciudadanía. 

Imagen Zacatecas – Gema Gallegos