La reforma constitucional aprobada por la LXV Legislatura de Zacatecas representa un cambio de gran relevancia en el escenario político rumbo a las elecciones de 2027. Con 20 votos a favor y 8 en contra, los diputados modificaron el requisito que obligaba a secretarios y subsecretarios del gobierno estatal a renunciar un año antes de la jornada electoral para poder aspirar a una diputación local.
La nueva disposición reduce ese plazo a solamente 90 días antes de la elección, lo que en los hechos brinda mayor margen de maniobra a quienes actualmente ocupan posiciones estratégicas dentro de la administración estatal.
La decisión ha sido interpretada como un alivio para varios integrantes del gabinete que mantienen aspiraciones políticas y que ahora podrán permanecer más tiempo en sus responsabilidades públicas sin poner en riesgo una eventual candidatura.
Entre quienes respiran con mayor tranquilidad se encuentran Gabriela Pinedo Morales, Mari Carmen Salinas, Omar Carrera Pérez, Silvia Saavedra, Ruth Angélica Contreras y Susana Rodríguez, entre otros perfiles que visualizan en la próxima Legislatura un proyecto de continuidad política una vez concluido su actual encargo.
Más allá del debate sobre la equidad electoral, la reforma redefine las reglas de competencia y abre una nueva ruta para los funcionarios que buscan mantenerse vigentes en la vida pública zacatecana.

Del ISSSTE al Poder Judicial, coincidencias observables
No es casualidad pensar que el reciente nombramiento de Natalia Vázquez Herrera como nueva integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial del Estado de Zacatecas coincida con una trayectoria profesional que, en algún momento de su desarrollo, estuvo vinculada al abogado Eulogio Monreal Ávila.
Vázquez Herrera llega a esta nueva responsabilidad después de desempeñarse como jefa de la Unidad Jurídica del ISSSTE en Zacatecas, a donde ingresó a trabajar a finales del 2005. Sus compañeros en el ISSSTE sostienen que es muy buena abogada, y que su desempeño debe estar a lo que ha sido su paso por la unidad jurídica del organismo de seguridad social.
La coincidencia que hoy llama la atención es que parte de su experiencia institucional se desarrolló en un entorno donde la influencia profesional de Eulogio Monreal Ávila era determinante. El abogado fue jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del ISSSTE entre 1998 y 2008, un periodo en el que se consolidaron diversas carreras dentro de la estructura jurídica de la institución.
Ayer, tras una votación mayoritaria realizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, con el respaldo de nueve magistrados y la oposición de dos, fueron electos Roberto Yirel Romero Sánchez y la propia Natalia Vázquez Herrera para integrarse al Órgano de Administración Judicial.
La designación se produjo como parte de los ajustes ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fortalecer la integración de este órgano fundamental para el funcionamiento interno del Poder Judicial estatal.
Más allá de las lecturas políticas o de las relaciones profesionales que puedan identificarse en sus antecedentes, el verdadero desafío comienza ahora. La relevancia del OAJ exige que todos sus integrantes actúen con autonomía, imparcialidad y plena independencia de cualquier interés externo.
Por ello, la discusión no debe centrarse únicamente en las coincidencias de trayectoria o en los vínculos profesionales del pasado. La verdadera prueba estará en los hechos. La independencia de Natalia Vázquez Herrera no deberá presumirse ni cuestionarse de antemano; tendrá que demostrarse día a día en el ejercicio de su nueva función.

‘Chailito’ se incrimina y queda bajo presión
El alcalde de Villanueva, Rogelio González “Chailito”, reconoce que sí permitió la presencia de un tamborazo dentro de la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, y eso representa mucho más que una simple aceptación de hechos. Es, en términos políticos y administrativos, la admisión de una conducta que podría ser objeto de observaciones por parte de las autoridades fiscalizadoras y de control interno.
El problema no radica únicamente en la música o en la celebración, sino en el uso de un espacio institucional destinado a la toma de decisiones públicas y al ejercicio de la representación ciudadana. Diversos regidores del PRD denunciaron además, la comisión de presuntos actos de abuso de autoridad, amenazas y uso indebido de instalaciones públicas, hechos que ya fueron llevados ante instancias competentes para su investigación.
La admisión del propio alcalde fortalece el debate sobre la responsabilidad política de los servidores públicos y coloca a González bajo un intenso escrutinio ciudadano. Aunque cualquier posible desafuero, juicio político o destitución dependerá de los procedimientos legales y de las resoluciones de las autoridades competentes, es evidente que el caso ha colocado al edil en el ojo del huracán.
Hoy, más que defender una fiesta, el alcalde deberá responder por el respeto que merece la institución que representa, misma a la que él le faltó no sólo al respeto, sino a la legalidad. Comienza la cuenta regresiva para su procesamiento en la Legislatura del Estado.

Runrunazos
El inicio del Mundial en nuestro país genera entusiasmo, expectativa y una importante proyección internacional. Sin embargo, persiste una polarización social que refleja diferencias y tensiones aún no resueltas. En este contexto, resulta fundamental que prevalezcan la sensatez del gobierno y la voluntad de diálogo de la CNTE. Solo mediante acuerdos responsables y el compromiso de todas las partes será posible que este acontecimiento se desarrolle de la mejor manera para todos.