El Runrún: Las malas obras públicas del gobierno

Mucho enojo ha causado en el gobernador David Monreal Ávila, la mala calidad de algunas de las obras insignia de la Secretaría de Obras Públicas, tanto que en días recientes personalmente hizo un recorrido por algunas de ellas, y molesto, hizo fuertes llamados de atención al titular del ramo, por cierto sobrino del Presidente de la CMIC, por la mala calidad y el retraso en la entrega de algunas de ellas.

Tanto fue la molestia que recorrió, una a una, las obras pendientes de entrega y que carecen de calidad y ya tienen mucho retraso, como la casa del bienestar en jerez, que debió estar desde abril pasado y ya son seis meses, tiempo durante el cual el empresario constructor no ha sido penalizado y mucho menos sancionado.

También estuvo en las obras del mercado de Jalpa, así como también en la casa del bienestar del cañón de Juchipila, y terminó todo en la nueva vialidad “El Orito”, que fue inaugurada el seis de septiembre pasado y que tuvo una inversión de 375 millones de pesos y que a poco más de mes y medio ya presenta severas fisuras y problemas, tanto que los habitantes de la zona, que la recorren día a día, agradecen al creador que no ha mandado la lluvia, de lo contrario esa obra habría colapsado.

La Vialidad “El Orito”

La longitud de los trabajos de esa vialidad fue de 7.7 kilómetros, con un ancho de corona que se amplía de 7 a 18.90 metros. Además, la vialidad cuenta con muros de contención, camellón central, alumbrado público, banquetas y guarniciones, adecuación y construcción de puentes peatonales.

Pero no se hicieron los aplanados correctos y, además, como obran en los expedientes entregados a la Secretaría de la Función Pública, se hizo con maquinaria del Gobierno estatal y no con el equipo de las empresas contratadas.

En síntesis, la vialidad “El Orito”, tuvo un costo de 48 millones 700 mil pesos por kilómetro construido y fue asignada a una empresa local, que a decir de muchos contratistas, es la obra más cara del sexenio y a menos de dos meses de inaugurada “ya tronó”.

Otro enojo que pasó el gobernador, y le motivó a estallar en contra del secretario de obras públicas, son las obras de remodelación y ampliación que se realizan en el Instituto de Cultura Física y Deporte, donde el retraso es mayor y tampoco son trabajos que se ajusten a los estándares requeridos. De no ser porque el buen trabajo del titular del instituto Javier Núñez Orozco cubre esas deficiencias, la situación agravaría.

El regaño a José Luis de la Peña Alonso estuvo de película, cuentan las malas lenguas, pero parece que no hubo ninguna reacción, porque casi al término del mismo, optó por recibir a su tío, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, como si nada pasara y como si la obra pública fuera un negocio familiar.

Lo cierto es que muchos señalan al subsecretario de comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas, José Elías García, de ser el artífice que pacta con los empresarios los mecanismos de “entrega” de las obras y los tiempos, por lo que piden a la Secretaría de la Función Pública su inmediata intervención, especialmente ahora que el gobernador dio un paso adelante por lo mal hechas que están resultando las cosas en la dependencia.

Controversia en Peñasquito a pesar de los acuerdos

La huelga en Minera Peñasquito inició el 7 de junio luego de que más de 2 mil trabajadores de la Sección 304 Sindicato Nacional Minero acusaron a la empresa de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así como de omitir el pago completo de utilidades a los trabajadores. Dicha huelga duró 120 días, dejando pérdidas a Newmont por más de 440 millones de dólares.

La empresa estadounidense Newmont asegura que el acuerdo alcanzado con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, para poner fin a la huelga en Peñasquito, no contempla un incremento en el pago por reparto de utilidades para 2022, sin embargo, el Sindicato asegura que es una decisión que no puede tomar la empresa minera toda vez que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún no ha emitido una resolución al respecto.

En el comunicado en el que anuncian el fin de la huelga, Newmont notifica que no pagará ningún incremento en el reparto de utilidades para 2022. Esta fue la premisa principal de la huelga. Sin embargo, el reparto de utilidades pagado por la empresa cumplió cabalmente con la legislación mexicana y el Contrato Colectivo de Trabajo, detalló la empresa.

Pero el Sindicato Minero, a través de algunos de sus integrantes, asegura que es ilegal que la empresa afirme que no se les pagará el aumento de la Participación de Trabajadores en Utilidades debido a que, en el acuerdo firmado por las autoridades federales, la empresa y los representantes de la organización, contempla una resolución del SAT que aún no se ha dado a conocer.

Los acuerdos pueden ser ilegales afirman en el sindicato

La misma dirigencia del sindicato asegura que lo anterior puede ser ilegal porque no se les va a pagar nada por ese concepto (PTU); sin embargo, esa parte ya está impugnada y el convenio que firmaron dice que, si el SAT encuentra algún faltante hacia el sindicato, Newmont los va a tener que pagar.

El acuerdo firmado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Sindicato Minero y Newmont detalla que el pago adicional de la PTU correspondiente a 2022 deberá ser analizado por el SAT y en caso de salir en favor de los trabajadores, la STPS deberá realizar las gestiones correspondientes para que los trabajadores reciban el pago adicional correspondiente.

Se agregan las pérdidas esos 440 millones de dólares que se acumularon en la huelga más larga de tiempos recientes en la minería zacatecana.

Se enoja Arturo Nahle con el Presidente López Obrador

“Todos los actos de todas las autoridades deben apegarse a la Constitución y las leyes; cuando esos actos son ilegales o arbitrarios, el Poder Judicial debe dejarlos sin efecto, anularlos, esa es la función de los ministros, de los magistrados y jueces, y obviamente hay autoridades arbitrarias a las que no les gusta nuestra función, quisieran jueces a modo que les validen sus abusos”.

Lo anterior lo declaró el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), durante la conferencia impartida por el magistrado Guillermo Valls Esponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Para eso es el juicio de amparo, para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, el amparo es la mejor arma que tenemos los mexicanos para defendernos de esos funcionarios que creen que están por encima de la Constitución y de la ley, pero en una democracia nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente, él es quien más debe respetar el texto de la Carta Magna y cuando tomó posesión juró cumplirla y hacerla cumplir, no cambiarla cuando se le antoja o irse encima de quienes tenemos la encomienda de hacerla valer.

La extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal, avalada por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, es una disputa que apenas comienza y la voz del magistrado Presidente de Zacatecas es la voz de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial en el país.

Debilitar al Poder Judicial, es debilitar nuestro Estado de derecho y nuestra democracia, eso no es propio de un hombre de Estado, de alguien que se jacta de demócrata. Quien pretende someter al Poder Judicial a través del presupuesto en realidad es un dictador que atenta contra nuestro sistema republicano, al pretender concentrar todo el poder.

Nuestro sistema político costó mucha sangre construirlo, las actuales generaciones debemos preservarlo y defenderlo.

Así lo dijo quien en enero termina su encargo como magistrado Presidente y cuya hermana, Rocío, será la candidata de Morena al gobierno del estado de Veracruz. Tiempos convulsos vienen para los juzgadores.

Runrunazos

Las multas que se imponen a los partidos por sanciones relativas a fiscalización las determina el Instituto Nacional Electoral (INE) y se va generando una bolsa de recursos muy generosa. Este año, el IEEZ como instancia encargada de hacer las transferencias por las multas, a principios de marzo transfirió al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología ocho millones 400 mil pesos, mientras que en el pasado mes de septiembre, se transfirieron cerca de 3 millones 400 mil pesos. Es decir casi 12 millones de pesos que Hammurabi Gamboa Rosales no ha dicho en qué se invierten. Otro llamado a la Secretaría de la Función Pública.