El Runrún: El membrete del Sistema Estatal Anticorrupción

Gladis Eralú Rodríguez Alfaro fue designada como nueva Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción y le tocará presidir un mecanismo que, al menos en los últimos años, no ha servido absolutamente para nada en cuanto a señalar y denunciar los actos de corrupción y buscar que el ejercicio público sea transparente.

El sistema Estatal Anticorrupción, al menos durante la presidencia de Herlinda Goretti López Verver y Vargas, el Comité de Participación Ciudadana resultó incoloro, insípido y sin saber qué hacer, porque era mucho el temor de denunciar y no perder el empleo como profesora universitaria, que en cumplir con el compromiso al momento que ella misma se postuló para participar en este organismo, lo que nunca rechazó fue la nómina que recibió durante su presidencia en el Sistema Estatal Anti Corrupción.

Instituciones como el Sistema Estatal Anticorrupción es cuestionado, particularmente por el paso de actores que de poco o nada sirven a la transparencia en la entidad, como la propia López Verver y Vargas, que se caracterizó porque durante su gestión nunca ejecutó una sola Política Pública en materia de prevención, detección y disuasión de los hechos de corrupción. Para los zacatecanos fue un gasto inútil.

Tampoco proporcionó de manera efectiva elementos técnicos, de información, investigación, asistencia legal y mecanismo en materia de prevención y detección de hechos de corrupción a los participantes que integran al Sistema Estatal Anticorrupción, por lo tanto, es como si no hubiera existido una institución de transparencia ciudadana. La última presidencia del Sistema Estatal Anticorrupción, resultó como su titular: verdaderamente intrascendente.

Hoy la pregunta es si con Gladis Eralú Rodríguez Alfaro habrá algún cambio que permita identificar que al menos existe, en la realidad, una institución que combate la corrupción, especialmente cuando vemos que vienen tiempos muy difíciles en el sistema de inversión de recursos públicos, especialmente en el segundo piso del bulevar. Al tiempo.

Piden consulta para el segundo piso del bulevar

Javier Calzada Vázquez, Gilberto del Real Ruelas y Juan Francisco Valerio Quintero solicitaron someter a consulta el proyecto del viaducto elevado para el bulevar Adolfo López Mateos. Su voz no es menor, tomando en consideración, que uno de ellos, participó en el gobierno de Amalia García como secretario de Finanzas, justo cuando obligaron a dar marcha atrás en la edificación del viaducto elevado.

Calzada Vázquez es un ex diputado local y ex funcionario de Amalia García, mientras que Juan Francisco Valerio Quintero fue presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por lo tanto sabe de organizar elecciones y consultas y el tercero, ex diputado local de partidos de la izquierda, se ha caracterizado por ser un fuerte opositor al actual régimen desde dentro de Morena.

Ellos dieron a conocer un documento denominado “La necesidad de una consulta ciudadana”, en el que vierten una serie de argumentos por los que consideran poco viable la edificación de la obra, y recuerdan como el ICOMOS, organismo asociado a la UNESCO en el 2007 publicó la negativa a dar la autorización a la construcción, por lo que ahora piden al gobernador que someta el proyecto a una consulta ciudadana y de ahí se desprenda la viabilidad de la obra.

Señalan que para el gobierno de David Monreal Ávila es más urgente atender las necesidades de los que tienen coche, que de los que no tienen ni para comer, de los campesinos que ni siquiera sembraron, o de la urgente necesidad de fortalecer el sistema de salud pública o el educativo, por eso le piden tres cosas: que se haga público el proyecto, que se establezca un amplio foro de discusión y se lleve a cabo una Consulta Ciudadana con fines vinculantes, es decir que si la mayoría dice que no, suspendan el proyecto y se distribuyan los recursos.

Menuda tarea tiene enfrente el secretario general de gobierno, que tiene que invertir mucho tiempo para convencer del proyecto.

Los despidos de Aptiv y la necesidad de empleo

La crisis económica ha condicionado el Estado de bienestar. Los elevados niveles de desempleo, la pobreza, la exclusión social y las políticas nacionales ponen en dificultades el Estado de bienestar como construcción política, social y económica, que promueve el secretario de economía Rodrigo Castañeda Miranda. Sus acciones de poco o nada sirven en la crisis que nos afecta.

Una de las más severas expresiones de esta situación es el desempleo estructural, para cuya erradicación, las medidas de estímulo fiscal y las de “fomento del empleo” han mostrado su ineficacia.

La política de empleo implementada, mediante el programa “panacea” de proveeduría local, no ha sido capaz de reducir los efectos de la caída de la actividad económica ni ha servido para aminorar la destrucción de empleo.

La problemática del despido de los 614 trabajadores de Aptiv y del mercado de trabajo dual no puede quedar simplificada en el beneficio empresarial, sin reparar en la afectación de los derechos de los trabajadores ni en el impacto social del desempleo, por esa razón, debe existir un cambio en el modelo, o bien sustituir políticas ineficaces por otras de efectos positivos inmediatos, pero lo más terrible es que parece que el secretario de Economía no entiende de esas acciones.