Traslado de internos fue legal: López Bazán

ZACATECAS.-El traslado de las 398 personas privadas de su libertad (PPL) es calificado de legal por el poder judicial, así lo aseguró Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo anterior, debido a que 26 de ellos tenían doble sentencia, es decir tenían procesos por el fuero común y el federal. Además, 45 estaban procesados y eso representaba un liderazgo negativo al interior del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso).

De la población total, el 27.37% está en prisión por delitos de alto impacto como secuestro, homicidio calificado, feminicidio, entre otros.

Explicó que ellos como autoridad administrativa realizan dicho procedimiento porque la legislación se los permite y que el traslado se hizo para evitar el autogobierno y hacer más habitable la cárcel.

“No es una situación irresponsable”, dijo, ya que lo que se quiere es que quienes están adentro tengan condiciones dignas.

Lo anterior debido a que hasta el 29 de marzo, fecha en la que ocurrió el amotinamiento, había mil 320 PPL, cuando la capacidad del Cerereso es de mil 264 reos y aunque se quedaron 922 internos se tuvo el ingreso de 59 personas.

Derechos Humanos presentes

También, López Bazán informó que el día del amotinamiento hubo la presencia de cuatro visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), mismos que, pese a quedar en medio de la agresión, privilegiaron el diálogo.

Insistió que desde la SSP habrá respeto y que se harán las investigaciones correspondientes que determinen si el traslado de los 398 PPL se hizo de manera indebida.

Actualmente se trabaja en la reparación de celdas dañadas, acción que no se hacía desde el 15 de enero, debido a la sobrepoblación y también se hacen labores de tala reforestación.

Parientes piden intervención extranjera

Algunos familiares de los 398 trasladados, además de argumentar que los uniformados golpearon a los PPL, acusaron a la SSP de haber realizado el traslado de forma ilegal, asegurando que podrían regresar al Cerereso.

“Mi esposo tiene un proceso por secuestro… El amotinamiento fue a consecuencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal… López Bazán no les permite el diálogo y nos ha tratado con la punta del pie”.

Aseguraron que la orden era “que les rompieran la madre” desde las torres de seguridad o al menos así acusan a Fidel Alonso Ceballos, José Luis Gallegos y Ramiro Troncoso; los dos últimos subdirector y director del Cerereso.

Las inconformes con el traslado advirtieron que pedirán la intervención de la Embajada de Estados Unidos y de la Asociación de Correccionales Americanas (ACA) para que le quite la certificación al Cerereso.

Investigación en curso de la CDHEZ

Luz Domínguez Campos, titular de la CDHEZ, dijo que la queja colectiva por parte de los PPL traslados interpuestas por abuso policíaco sigue su proceso.

Las autoridades de la SSP y demás involucrados, deberán presentar los informes y evidencias correspondientes.

No obstante, expuso que el juez calificó de legal el traslado, pero como familiares pueden impugnar dicha decisión a través de un amparo.

Pero será un juez federal quien determine si las PPL pueden regresar al Cerereso.