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Proponen liquidar negocios del Issstezac

El proyecto de reforma contempla un aumento en las aportaciones.
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La iniciativa propone reducir la prestación de 60 días de aguinaldo a 30 días. | Foto: Cortesía.

ZACATECAS.- El proyecto de reforma para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) propone, además de aumentos en las aportaciones de los derechohabientes, la liquidación gradual de los negocios del organismo.

La propuesta, que ya fue enviada al Congreso local, consta de 132 páginas. La primera parte la dedican a abordar la historia y situación actual del Issstezac; en el que los compromisos en el pago de pensiones no han estado respaldados equitativamente por las aportaciones de los cotizantes.

En la iniciativa remitida por el gobernador Alejandro Tello se argumenta que, para el estado, es un gasto oneroso el pago de una doble pensión para la burocracia: la del IMSS y la del Issstezac; “por el alto costo y el largo periodo de pago de las obligaciones, pero además en términos sociales, porque llegado el momento, invariablemente, su cobertura implicará la disminución del presupuesto disponible para atender necesidades generales, atentando en cierta forma, contra el interés general”.

En el artículo décimo transitorio de la propuesta se establecen las aportaciones del sueldo básico de cotización de los trabajadores que cotizan al Issstezac, siendo del 12% para el presente año; del 13%, para el 2022; 14%, en 2023; 15% en 2024 y del 16% del 2025 en adelante.

La iniciativa propone también reducir la prestación de 60 días de aguinaldo a 30 días, aunque este recorte solo se aplicaría a los “trabajadores derechohabientes con expectativa de derecho y las nuevas generaciones”. Los actuales pensionados no se verán afectados.

Otra limitación para generaciones futuras sería que “la suma de la pensión o renta vitalicia proveniente del IMSS y de la pensión del ISSSTEZAC, no podrá ser inferior a dos salarios mínimos, ni mayor a 15 salarios mínimos”.

La iniciativa establece que, a 60 días de que se apruebe el decreto deberá crearse una Unidad de Liquidación en el instituto. Esta área trabajará en una liquidación gradual de “los recursos humanos, materiales y financieros, considerando entre otros, esquemas de liquidación, concesión, venta y/o arrendamiento, hasta la extinción total de la actividad empresarial”.

Se plantea hacer estas liquidaciones en un plazo que no exceda los 3 años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. La Legislatura deberá presupuestar 100 millones de pesos para la primera etapa de liquidación.

“Para los ejercicios fiscales posteriores, se considerarán asignaciones presupuestales en el mismo orden, hasta que se concluya el proceso de liquidación. Los recursos que deriven de la desincorporación de bienes muebles e inmuebles, de la actividad empresarial, deberán utilizarse para el proceso de liquidación, hasta que este concluya, en cuyo caso, los remanentes, deberán integrarse al Fideicomiso Fondo de Pensiones”, indica el proyecto de reforma.

El Ejecutivo reconoce que hay un derecho legítimo con los derechohabientes, pero se debe velar por los intereses de la población en general.

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