ZACATECAS.- Personal docente de la escuela Normal Manuel Ávila Camacho, acompañado por la diputada Alma Dávila, manifestaron su rechazo a las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).
Con ellas se pretende aumentar un 4% las aportaciones de los trabajadores, que pasaría de un 12 a un 16% de su salario.
Algunos trabajadores han cotizado por más de 30 y 20 años, y con dichas reformas se perderían. Además sus jubilaciones no están garantizadas.
Señalaron que tampoco se han aceptado las solicitudes de jubilaciones, con la intención de incorporarlos al sistema de pensiones con la nueva ley.
No se les permitirá tener la dualidad que tenían con servicios médicos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la cotización de su jubilación. Solo se les impondrá que se mantengan en un solo régimen de seguridad social.
La diputada subrayó que la ley solo protege a gobierno, a directivos del instituto y no benefician a la clase trabajadora y a los cotizantes.
Es por ello que se han registrado manifestaciones de diferentes grupos en las sesiones de la 63 Legislatura.
Representantes sindicales
Asimismo Dávila comentó que se conformó una comisión para atender a los representantes sindicales. Entre ellos Sindicato de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez).
También del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop).
Sin embargo actualmente existe una controversia sobre quién es su líder sindical.
De los más de los 24 mil derechohabientes que hay en el instituto, no todos pertenecen a algún sindicato, por lo que no tienen representación oficial.
Recordó que el lunes a mediodía se atendió a los representantes sindicales y derechohabientes, así como a la asociación civil de pensionados.
Auditoría al Issstezac
La diputada Dávila añadió que de la auditoría externa que hizo al instituto, se detectaron 100 observaciones, siendo en la novena en la que mil 55 millones de pesos no fueron depositados para el fideicomiso de fondo de pensiones, argumentando que se liquidó en gasto corriente.
“El instituto era un tipo de lotería para el que le toca administrarlo. Y ahora que las cuotas y aportaciones que estaban en un rango arriba, y jubilaciones en uno más pequeño se emparejan, ya nadie quiere administrar. Dicen que es una bomba de tiempo y en bancarrota”, subrayó la diputada.
Aclaró que si se disminuyera la nomina de 900 burócratas administrativos no justificados, se pudieron ahorrar 545 millones de pesos. Y si se hubieran cobrado los préstamos se pudieron haber recuperado 500 millones de pesos.
