Ante corrupción de jueces y abogados se debe demandar legalmente: Arturo Nahle García

ZACATECAS.- Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, (TSJZ) señaló que “ante los presuntos casos de corrupción entre jueces y abogados defensores de trabajadores despedidos del gobierno, lo único que hay que hacer es demandar legalmente”.

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Nahle García indicó claramente que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas (TJLBZ) en el que se habrían ventilado algunos de esos temas son absolutamente independientes, “no dependen en lo absoluto de nosotros como Poder Judicial del Estado”.

El magistrado presidente del TSJZ indicó que éste último (TJLBZ) es autónomo y está en contra de éste último sobre el cual el gobernador del estado, David Monreal Ávila, habría manifestado su molestia por algunos casos de corrupción que se han dado en el seno de esa institución”.

Nahle refirió que el TJLBZ se encarga de resolver los conflictos laborales del gobierno con sus trabajadores.

“Sobre este tribunal, indicó Nahle García, alude el gobernador porque habría laudos o sentencias que se han estado dictando, en las que al parecer se da el contubernio entre trabajadores despedidos y el magistrado que resuelve”.

Cabe destacar que el TJLBZ no tiene jueces sino únicamente tres magistrados, quienes son los encargados de resolver los conflictos laborales del gobierno con sus trabajadores.

“A esos magistrados los designa la Legislatura local mediante terna enviada en su momento por el gobernador y de los tres, los diputados eligen a uno por mayoría calificada”.

Grave acusación

El magistrado destacó que la acusación realizada por el gobernador le parece grave y delicada y “creo que lo procedente en ese caso es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJZ) debido a que se trata de un delito de corrupción al que se conoce también como cohecho”.

Incluso, dentro de ese mismo cohecho pudiera haber otras figuras delictivas que encuadren en ese mismo delito, remarcó, pero el caso es que “siempre que se acusa se tiene que probar, obviamente y el que acusa está obligado a probar”.

Subrayó que el pronunciamiento del gobernador jamás estuvo dirigido a ninguno de los jueces del Poder Judicial sino a los magistrados del TJLBZ.

Pero, además, como en todas las resoluciones, una parte gana y la otra pierde, hecho que ocurre siempre de manera natural “por lo que quien pierde no queda contento y es normal que se le eche la culpa al árbitro aun cuando se trate de conflictos entre el gobierno y sus trabajadores”.

Señaló por último que cuando una de las partes no está de acuerdo, lo que entonces procede es impugnar esa resolución y en este caso lo que procede es el amparo porque si los abogados del gobierno consideran que no están debidamente fundados los hechos, lo que procede es un juicio de amparo.

“Pero si hay, en todo caso, conductas irregulares, hay que denunciarlas y probarlas ante la Fiscalía”.