Alarma la cifra de asentamientos irregulares en la capital; hay 43

ZACATECAS.- Hay 43 asentamientos humanos irregulares en la capital del Estado, de los cuales uno está por concluir su regularización, dos más están en proceso y uno en revisión para ver si procede.

Juan Manuel Lugo Botello, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del ayuntamiento de Zacatecas, informó que se requieren más de 10 millones de pesos tan sólo en la instalación de la red de agua potable en un fraccionamiento, sin contar las redes de drenaje, electricidad y pavimentación.

“Una red de agua potable de un fraccionamiento de 150 lotes no te cuesta menos de 10 millones de pesos. Una parte la pone el municipio, otra el Estado y también la Federación, además de los particulares”, mencionó.

Recalcó que ya se iniciaron procesos en contra de los particulares que venden terrenos de manera ilegal, pues nunca acuden al ayuntamiento por la debida certificación y venden los lotes por alrededor de 50 mil pesos con una constancia, mas no con títulos de propiedad.

El funcionario destacó que los procesos iniciados en materia penal son también por enriquecimiento ilícito, pues los que realizaban las ventas pueden vender hasta tres hectáreas con al rededor de 300 lotes por 50 mil pesos cada uno.

“El municipio ya inició un proceso contra varios particulares que han realizado este tipo de ventas, no nos podemos ir contra las personas indefensas, o sea los que compran, sino contra quienes realizan la venta. Es un delito grave porque son penas importantes, estos delitos están tipificados como fraude además de enriquecimiento ilícito”, explicó.

Mencionó que el proceso de revisión para su posible regularización pide que los habitantes de los asentamientos hayan organizado y conformado una asociación civil para solicitar al ayuntamiento esta posibilidad, sin embargo, el secretario comentó que algunos de los particulares organizan estas asociaciones para que el municipio ponga los servicios.

Aseguró que cerca del 70% de las nuevas colonias y de los crecimientos urbanos que se están dando, son financiadas por gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, situación que le impide al ayuntamiento crecer por tener que destinar recurso a la atención de obras de este tipo.

“Esto no le permite al municipio crecer adecuadamente porque tiene que distraer importantes recursos para atender obras de urbanización, cuando se supone que debería ser por parte de particulares”, sentenció.

Aseveró que este problema era una situación complicada ya que conlleva conflictos sociales y económicos, que obligan a sectores menos beneficiados a comprar estos terrenos “económicos”, que posteriormente generan delincuencia, apropiación de espacios sin títulos de propiedad e inversión desmedida por parte del gobierno.