México al revés

A principios de este mes, el colectivo “Ni Una Menos” tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el centro de la Ciudad de México; las feministas han estado durante días en el interior del inmueble. En su exterior se pueden apreciar diversas demandas y actos de protesta con pintas en el exterior del edificio.

Desde el principio, las exigencias para hacer entrega de esas oficinas ha sido formar una comisión real para atender a mujeres víctimas de violencia de género, reasignar fondos, activar la alerta de género en todo el país. Nunca ha estado claro cuántas personas participaban en tal manifestación, pero si que en el exterior nunca hubo autoridad alguna.

Casi simultáneamente, la entrega de millones de litros cúbicos de agua a Estados Unidos propició protestas que escalaron a enfrentamientos entre agricultores y miembros de la Guardia Nacional por la toma de una presa. En medio de esas manifestaciones, la muerte de dos personas, una de ellas una joven mujer desarmada, en un presunto enfrentamiento con miembros de la Guardia Nacional, subió la confrontación entre el gobierno federal y del estado, específicamente entre el presidente López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

El presidente descalificó al movimiento de agricultores; lo considera ilegítimo porque, según él, es alentado por exgobernadores priistas y panistas, en tanto que el mandatario estatal anunció una investigación de la agresión a los dos agricultores, por los que ya se indaga a una docena de elementos de la Guardia Nacional.

¿México sigue siendo un Estado de derecho? La crónica de estos y otros hechos muestra que el orden legal republicano está teniendo dificultades para imponerse. La cultura de las excusas es a menudo el mejor aliado de los alborotadores, pero también para las autoridades. El caso de las ocupantes de la CNDH es, como tal, ejemplar. Por absurdo que parezca, revela sobre todo el desorden intelectual que ha presidido la elaboración y la aplicación de las leyes durante varios años.

Con Yesica, la mujer muerta por una ráfaga aparentemente disparada por un agente de la autoridad y su esposo, también baleado, jóvenes agricultores que se manifestaban como último recurso para defender un elemento indispensable para su vida diaria, el agua, los mexicanos, perplejos, descubrimos lo impensable: los derechos fundamentales, consagrados en la manoseada Constitución de 1917, hoy sólo tiene valor relativo; la legislación protege a las autoridades mejor que los ciudadanos, mientras que al mismo tiempo, los gobiernos, que se supone que hacen cumplir el orden, en otros momentos se reducen a la impotencia.

Un país que ha permitido que sus grandes principios sean burlados, donde las víctimas son consideradas responsables de su desgracia, donde los poseídos son, por definición, villanos y sospechosos portadores del adjetivo de conservadores. Un país distorsionado por dos décadas de laissez-faire. Un país donde los legisladores cedieron a los discursos pronunciados por ideólogos de todas las franjas y de bajo nivel, de los organizan a quienes se autoproclaman activistas que ocupan la sede de instituciones construidas para defender a los ciudadanos cuando estas incumplen con su cometido; provocadores organizados, agitadores de causas minoritarias… Si ahora la autoproclamada y camaleónica izquierda mexicana ha abierto las puertas de par en par a la demagogia, la derecha no siempre se ha resistido. Es México al revés.

La indignación por estos escándalos ha puesto a los gobiernos, todos, otra vez, contra la pared, de donde se han acostumbrado a escabullirse con solo dejar pasar el tiempo. Cuando la ley es inconsistente, injusta, existe una fuerte tentación de hacerse justicia. Este fue el comienzo de la anarquía.

*Médico