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Julieta del Río.
La contradicción es evidente y no es menor. En cuestión de horas, una medida se anuncia como hecha y luego se reduce a una posibilidad.
Julieta del Río
El jueves por la tarde se anunció con total despliegue mediático una supuesta modificación al calendario escolar en México. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, acompañado de autoridades estatales, presentó el cambio como un hecho consumado e incluso lo respaldó con una infografía oficial. El mensaje fue claro en su forma: se cambió el calendario escolar a nivel nacional.
Horas después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante cuestionamientos de distintos sectores (padres de familia, docentes y organizaciones educativas) matizó la versión y afirmó que no se trataba de una decisión definitiva, sino de “una propuesta”.
La contradicción es evidente y no es menor. En cuestión de horas, una medida se anuncia como hecha y luego se reduce a una posibilidad. ¿Error de comunicación, falta de coordinación o estrategia política? Cualquiera de las opciones es grave cuando se trata de decisiones que impactan directamente a millones de familias.
Lo que está en juego no es un simple ajuste administrativo. Es la organización de hogares completos, la planeación laboral de madres y padres, y la estabilidad de un sistema educativo que ya enfrenta rezagos importantes. En este contexto, la ambigüedad institucional no solo genera confusión, también erosiona la confianza pública.
Mientras tanto, el costo por tales errores siempre termina absorbido por la sociedad. Las familias que deben reorganizar su vida en función de anuncios contradictorios. Los estudiantes que siguen en un sistema educativo con serias deficiencias y atrasos. Y los ciudadanos que se enteran primero de los cambios por infografías y después se confunden ante desmentidos del propio Estado.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién se beneficia de difundir decisiones institucionales que después el propio gobierno contradice? Porque lo único claro hasta ahora es el daño colateral de la incertidumbre y sobre todo la falta de una estrategia coherente de comunicación que lo único que demuestra es que carece de indicadores que midan posibles efectos negativos de las decisiones políticas.
Este hecho es un claro ejemplo de cómo el Estado mexicano también puede generar desinformación. En palabras de los investigadores Claire Wardle y Hossein Derakhshan: toda aquella producción y difusión de datos descontextualizados, manipulados y engañosos con el fin de influir en las percepciones de las personas, especialmente en contextos políticos, puede considerarse actos de desinformación.
Sobre este fenómeno, Pew Research Center informó que en una encuesta aplicada en el año 2025 el 72% de las personas originarias de 25 países calificaron la desinformación como una “amenaza grave” para su país. Esto refleja la preocupación de la sociedad frente a la expansión de información falsa.
El caso del calendario educativo en México derivó precisamente en un acto de desinformación. Lo que percibimos en el ámbito público es la distorsión de hechos y declaraciones y el intento por manipular lo que las personas piensan para disminuir el costo político.
Y en política, cuando la comunicación pretende confundir a la sociedad, el problema deja de ser de forma: se convierte en un problema de responsabilidad institucional.
@julietdelrio