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Detectan 13 casas de apuestas con operaciones irregulares en ocho estados.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció esta mañana que su gobierno actualizará la ley de juegos y sorteos para cerrar los vacíos legales que permiten el lavado de dinero en casinos físicos y digitales.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que se identificaron 13 establecimientos de apuestas —presenciales y virtuales— con operaciones irregulares en ocho estados del país: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.
“Hay muchos casinos digitales y deben regularse, porque se prestan a esquemas de lavado de dinero”, enfatizó Sheinbaum, al destacar la urgencia de que todos los giros cumplan una normatividad clara.
El gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); detectó un esquema internacional de apuestas falsas y robo de identidad, principalmente de jóvenes.
Las autoridades descubrieron que estas plataformas simulaban transacciones y registraban movimientos financieros millonarios con origen en Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
García Harfuch explicó que el trabajo conjunto entre instituciones permitió rastrear irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que ponían en riesgo la integridad del sistema financiero mexicano.
Entre los patrones ilegales detectados destacan: el uso de efectivo sin control fiscal, flujos internacionales no declarados y plataformas tecnológicas sin supervisión, que movían recursos a destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Finalmente, Grisel Galeano García detalló que las redes delictivas usaban identidades de personas comunes —trabajadores, jubilados y estudiantes— para crear cuentas falsas, emitir tarjetas prepagadas y simular apuestas digitales con fondos ilícitos.
Con estas acciones, el gobierno federal busca cerrar el paso al lavado de dinero y proteger a los usuarios de plataformas de apuestas que operan al margen de la ley.