La jurisdicción internacional

Aún cuando la oportuna y efectiva acción del canciller Ebrard ante las autoridades norteamericanas apagaron momentáneamente la intención de Trump de declarar terroristas a los cárteles mexicanos, no es un tema que debamos soslayar o dar por resuelto, porque en ese objetivo subyace la permanente tentación de intervenir en las decisiones internas de nuestro país.

Sería ingenuo no reflexionar en la sospechosa oportunidad que le dio Brian Lebarón a Donald Trump de abrir el debate para iniciar su campaña reeleccionista, pero también sería irresponsable no analizar la realidad, que viene empujando hacia el establecimiento de una jurisdicción internacional para el caso de crímenes que lesionan los derechos humanos universales por la libertad, la justicia y la paz, como lo ha planteado el exjuez Baltazar Garzón, quien desde España propició que fuera detenido en Londres el General Augusto Pinochet por los crímenes cometidos en Chile durante su permanencia en el gobierno de este país.

¿Qué es lo que está motivando a ciudadanos u organizaciones de un país a exigir justicia de lo que sucede en otra nación?, ¿cuál es el bien jurídico colectivo que intentan proteger? La vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, que están siendo amenazadas con robos, asaltos en calles, parques, jardines y en transporte público, secuestros y obstaculización de vías, etc. La salud, quebrantada por la contaminación del agua y del ambiente, la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo sin medida de energía, la interrupción del servicio de agua, venta de medicamentos y alimentos contaminados y/o ineficaces, la deforestación, la degradación del suelo, extinción de especies, la generación de basura, la sobrepesca, la lucha de las mujeres por la equidad de género y la abolición de la violencia femenina, la corrupción, la impunidad, etc.

Más allá de los límites de las naciones, en los ciudadanos del mundo está quedando claro que existen bienes y derechos que pertenecen a la humanidad entera y que deben protegerla más allá de las diferencias de género, raciales, religiosas, étnicas, políticas e ideológicas y que, para garantizar y exigir su íntegro respeto y aplicación, debe consolidarse una jurisdicción internacional que permita que desde cualquier parte del mundo se exija la aclaración de hechos que quebranten los bienes colectivos. Construir una ventana al mundo para generar transparencia real, más allá de la construcción de percepciones ideales.

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