Una visión sobre la reforma al poder judicial

El sistema mexicano es un régimen presidencialista, querámoslo o no y se ha acentuado en este sexenio.

La propuesta de reforma judicial avanza y la Suprema Corte despierta hasta que ve la casa que se incendia, titilaba así una nota del diario español El País, lo que muestra falta de oficio político y una dosis de soberbia de los ministros.

El debate nacional parece que deja a un lado que la reforma que se propone no es  sólo sobre el poder judicial de la federación; también abarca a las poderes judiciales de los estados.

La prisa porque se apruebe en la agonía del mandato del presidente López Obrador, es un golpe político para demostrar su poder.

El sistema judicial de la república requiere de una reforma de fondo.

¿La reforma que propone el presidente es la adecuada?

Las descalificaciones a priori no son buenas.

Coincido con algunos puntos de la propuesta: la desaparición de ese monstruo que represen la presidencia del Consejo de La Judicatura y a la vez de la Suprema Corte, el insultante nepotismo con desdén de gente con vocación y la corrupción requieren de una solución de verdad, además de una revisión de los ingresos de los altos mandos,

Sin embargo la propuesta de reforma olvida que el sistema de administración de justicia no se reduce a los tribunales, abarca otras instituciones del estado, particularmente el ministerio público, y la participación que tiene en los juicios del orden penal, cuya actuación es base de las decisiones judiciales, cuando vemos que las fiscalías sólo en el papel son autónomas, pues obedecen a los ejecutivos, a veces hasta de manera descarada son instrumentos políticos, como lo muestra el propio fiscal federal. Olvida también todo lo que compone la llamada justicia cotidiana, que son un gran grupo de tribunales que no están integrados a los poderes judiciales.

Elegir mediante el voto ciudadano a los jueces, no quiere decir que ya con eso tendremos una justicia plena, olvidando que se juzga con normas preestablecidas y que en los juicios una parte pierde y la otra gana, lo que es connatural.

Con relación a los conflictos que decide la Suprema Corte, no puede exigírsele que siempre resuelva a favor del ejecutivo, aunque sí que ponderes y vea por los grupos vulnerables y desprotegidos.

El tribunal de disciplina judicial que se propone no es más que un instrumento de control, lo que rompe la división de poderes, por la forma en que se integra. Esto no quiere decir que los impartidores de justicia no deban ser de objeto disciplina y sanción, en su caso.

La narrativa presidencial ha afectado gravemente la confianza ciudadana en los jueces de la república, porque se generaliza de que son corruptos, elitistas, etc. lo que es totalmente injusto, sin ignorar que hay casos de corrupción.

Aunque es muy posible que la reforma se apruebe, lo idóneo sería que se analizara con más tiempo, tomando en cuenta que la elección de los jueces no parece ser un buen método que se traduzca en una excelente impartición de justicia, como está demostrado con el caso de Bolivia.

Es necesaria una sacudida a los poderes judiciales federal y de los estados, en donde no pocas veces anida la soberbia, sobre todo en los miembros de los órganos superiores de los tribunales. Con razón Piero Calamandrei decía que la soberbia en los jueces es pecado capital, pero luego con ironía se preguntaba ¿es acaso enfermedad profesional?

La humildad parece que no es la divisa, cuando debería ser el sello de identidad de los jueces, porque la sociedad les ha encomendado una grande tarea.

Nada le es ajeno a la política, porque justicia es política, pero con sistemas democráticos que se acerquen a la gente, que no vean a los jueces en nichos inaccesibles, teniendo en cuenta que lo electoral no define a la democracia en materia judicial.

Tan grave es la corrupción en el poder judicial, como que el mismo sea controlado por el poder ejecutivo.

La defensa del poder judicial no puede darse desde la perspectiva de que prevalezcan los privilegios y el estado de cosas, sino con propuestas para acercar la justicia a la gente y con mecanismos para que impere la independencia judicial, pero también para que sea valorada y evaluada.

No se ven los poderes judiciales de los estados en algo tan importante; no se conoce el quehacer judicial y su contribución innegable a la paz social al resolver los conflictos de la gente común, no de los patentados y las poderosas firmas.

Y si las consultas y foros resultan ser una farsa, aún así vale la pena participar con posturas dignas y respetables para que constancia quede.

[email protected]