Senadores de Morena anteponen sus intereses políticos a los derechos humanos

9431 solicitudes de intervención por una supuesta violación de derechos humanos recibió en 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) acumuló el 31.1% de las quejas, seguida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el 25.3%. Es decir que los organismos encargados de proteger y procurarle justicia a los veracruzanos recibieron el 56.4% de las quejas; 2933 contra la FGJ y 2386 contra la SSP.

Lo anterior significa que tal vez en el estado que gobierna el morenista Cuitláhuac García haya una política no escrita que autorice a ambas dependencias a actuar sin tomar en cuenta los derechos humanos de las personas o que el gobernador no tenga idea de lo que sucede.

Un caso reciente de esa violación de los derechos humanos es el de seis jóvenes que pasaron cuatro meses en la cárcel después de ser detenidos arbitrariamente por policías corruptos que los acusaron del delito de ultrajes a la autoridad, el cual conlleva prisión oficiosa.

Este caso fue denunciado en diciembre pasado por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO) y coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal. García se refirió así apenas conoció la denuncia: “Él tendrá su opinión y sin ningún problema. Este no es un caso como en el pasado donde se violaban los derechos, sobre todo el de las víctimas. Aquí se cumple la ley, actuamos apegados a derecho”.

Aparentemente, Cuitláhuac estaba equivocado porque la CNDH tomó el caso y luego de estudiarlo concluyó que los jóvenes efectivamente fueron arrestados sin razón y acusados sin fundamentos de un delito que el congreso estatal añadió al Código Penal de Veracruz por propuesta del mismo gobernador con el fin de reprimir a quienes protesten contra su gobierno.

Los jóvenes fueron liberados el 18 de diciembre.

A García aparentemente no le gustó que lo exhibiera el senador, porque días después, el 23 de diciembre, el secretario técnico de la JUCOPO, José Manuel del Río Virgen, fue detenido en Veracruz, acusado de ser cómplice del asesinato, el 4 de junio pasado, de un candidato de MC a una presidencia municipal.

Ese mismo día, en el Senado se creó una comisión especial para investigar las violaciones a los derechos humanos en Veracruz y hasta la fecha se han documentado más de 84 casos en donde no se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia.

Sin embargo, la existencia de la comisión especial está en riesgo porque 29 senadores morenistas calificados como radicales se pronunciaron contra la misma y, de paso, contra la investigación de las violaciones de derechos humanos en Veracruz. Estos legisladores, alineados o realineados de último momento con la jefa de Gobierno de la CDMX y su aliado Cuitláhuac García, decidieron mandar al diablo a los veracruzanos con tal de proteger al gobernador y a su evidente candidata a la Presidencia de la República.

Es lamentable que senadores como César Cravioto (el que en una época vendió una leche contaminada con materiales fecales) y Malú Micher (autoproclamada feminista y excatólica conservadora fundadora de las Comunidades Eclesiales de Base de León, Guanajuato) antepongan sus intereses políticos a los derechos humanos de más de ocho millones de veracruzanos.