La imprescriptibilidad frente a la certidumbre jurídica

En tiempos recientes hemos visto una tendencia a declarar imprescriptibles algunas conductas delictivas, lo que implica que aún cuando pasen muchos años, los responsables puedan ser castigados, de manera tal que dichas conductas no queden impunes. El problema es que darle más tiempo a la posibilidad de castigar es darle soltura a los artificios de aquellos que se hacen de la vista gorda para no cuestionar a sus antecesores, apostándole a que pase el tiempo, y mientras más  tiempo pase, más complicado será llegar a la verdad real para adecuarla a la verdad jurídica. Los temas así se vuelven leyenda, o historia negra, pero no se castigan. Ahí tenemos como ejemplo la matanza de Tlaltelolco y Ayotzinapa.

La imprescriptibilidad es la salida fácil a la falta de castigo, es patear el bote para dar tiempo al tiempo; es privilegiar la incapacidad, la complicidad o la falta de voluntad esclarecedora, y ello favorece la impunidad y la incertidumbre jurídica, y lo que la sociedad requiere es justicia pronta y expedita. A la autoridad le corresponde asumir su responsabilidad y usar todo el poder del Estado para castigar oportunamente a quienes quebrantan la ley y si no se cumple con ello, hay que sancionar a los omisos o cómplices, calificando de grave esta conducta, y no simplemente enfrentar a la institución jurídica de la prescripción con el principio fundamental de la certidumbre jurídica.

La imprescriptibilidad y la certidumbre jurídica son conceptos fundamentales del derecho, y aunque pueden parecer en conflicto en ciertos contextos, cumplen funciones clave para garantizar justicia y estabilidad dentro del sistema jurídico.

La imprescriptibilidad se refiere a la incapacidad de extinguir ciertos derechos, deberes u obligaciones debido al paso del tiempo. Es decir, en los casos donde algo es imprescriptible, no se aplica un límite temporal para que la parte interesada pueda ejercer sus derechos. Esto es común en ciertas acciones penales (por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad) y en algunos derechos fundamentales o acciones civiles específicas.

La certidumbre jurídica, por otro lado, se refiere a la previsibilidad y claridad de las normas y a la confianza que los individuos y entidades pueden tener en el sistema legal. Las personas y empresas dependen de la certidumbre jurídica para planificar y estructurar sus actividades, sabiendo que el orden jurídico es predecible y estable.

La certidumbre jurídica fomenta la seguridad en las relaciones jurídicas al establecer reglas claras y límites temporales, como los plazos de prescripción.

Lo anterior le da estabilidad al sistema normativo. Las leyes claras y estables permiten a los ciudadanos y empresas prever las consecuencias legales de sus acciones, y permite desahogar a las instancias investigadoras y a los órganos jurisdiccionales de infinidad de asuntos sin resolver.

Si bien la imprescriptibilidad puede considerarse como una excepción a la regla general de la prescripción, su coexistencia con la certidumbre jurídica no siempre está exenta de tensiones. Los plazos de prescripción son uno de los mecanismos principales para garantizar certidumbre en el derecho, ya que eliminan la incertidumbre legal al poner un límite a la posibilidad de que una acción sea interpuesta. La imprescriptibilidad, al eliminar ese límite, puede generar una percepción de incertidumbre jurídica, pues una demanda o reclamo podría surgir en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Queda así sujeto el castigo al paso del tiempo, al capricho o a la voluntad política del momento.

Sin embargo, hay contextos en los que el legislador considera que la imprescriptibilidad es necesaria para proteger intereses superiores, como la justicia ante delitos especialmente graves o los derechos que deben ser inalienables. En estos casos, la sociedad valora más la protección de esos derechos que el interés en la certidumbre jurídica.

Balance entre imprescriptibilidad y certidumbre jurídica

El derecho busca equilibrar estos conceptos al:

1. Limitar la imprescriptibilidad a ciertos tipos de derechos o delitos de particular gravedad.
2. Respetar la certidumbre jurídica en la mayoría de las relaciones cotidianas mediante la aplicación de plazos razonables de prescripción para la mayoría de las acciones civiles y penales.

Este equilibrio es clave para garantizar un sistema jurídico justo, eficiente y estable, donde tanto los derechos de las víctimas como la estabilidad en las relaciones legales sean respetados.