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Jaime Santoyo Castro

   |  1 marzo, 2021

Hoy en la Opinión de Jaime Santoyo Castro.

Ni cómo negarle la razón al presidente López Obrador en sus expresiones de molestia y reclamo ante los resultados que presentó el Auditor Superior de la Federación con errores evidentes sobre el costo del NAIM, que por increíbles, provocan suspicacia, desconfianza, y la creencia de que los órganos fiscalizadores sólo han servido para el manipuleo de la información y la persecución política, y conducen a pensar en la existencia de complicidades y motivaciones ajenas al interés general de la nación, al percibir una gran cantidad de operaciones de quebranto del patrimonio nacional que nunca fueron observadas porque nunca fueron vistas.

No quisiera pensar que el poder corruptor haya tocado a éstos órganos convirtiéndolos en socios fieles, callados y complacientes. Prefiero pensar en que simplemente ha habido errores y omisiones involuntarias, pero si es eso, es tiempo de resolverlo. A grandes males, grandes remedios.Es innegable que uno de los problemas más graves del país es la corrupción, el gasto irracional y la ineficiencia en el quehacer público, cuestiones que deben ser permanentemente revisadas por los órganos fiscalizadores para prevenir, reorientar, revisar o en su caso sancionar a los responsables, y recuperar para el erario público los recursos que se hubieran desviado.

Este es momento para repensar en el papel de los órganos fiscalizadores, de configurarlos y establecer las relaciones jurídicas necesarias para que cumplan adecuadamente con sus funciones. Darles las atribuciones óptimas en pos de su objetivo; ser más rígidos en el perfil de sus integrantes, en el modelo de actuación, en el modo de designarlos, y quizá en el establecimiento de medidas más severas para fincar responsabilidades a los propios integrantes de estos órganos para sancionar sus fallas o sus omisiones, para que actúen en consecuencia, oportunamente y con el decoro que deben tener quienes exigen el cumplimiento de las normas.

La vigilancia en el uso razonable y honesto de los recursos públicos es una función vinculada a la rendición de cuentas, porque es parte del postulado de la democracia; de ahí que la existencia de los organos de fiscalización como órganos encargados del control externo del ejercicio de los recursos.

jsantoyocastro@yahoo.com.mx

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