¿El INAI sirve?

Hemos sido testigos de los ataques constantes y permanentes a dos derechos humanos fundamentales, el de acceso a la información y el de la protección a los datos personales, 20 años de los cuales he participado y refrendo y he podido palpar el beneficio social de lo que estos nobles derechos llevan implícitos persé.

El Instituto Nacional de Transparencia actualmente tiene 60 días sin poder resolver un cúmulo de más de cuatro mil recursos de revisión tanto de acceso a la información como de datos personales, aún y cuando la diversidad de sus actividades en cuanto a capacitación, implementación de políticas públicas y demás actividades sigue en funcionamiento, es preocupante para el ciudadano y ciudadana que hace más de 2 meses solicitó información y no ha podido tener respuesta por parte del INAI ante una reserva, una negativa de información o simplemente porque a la autoridad no le dio la gana contestar.

Profundizar en un tema de lo que se considera hoy más que nunca como la columna vertebral de un organismo garante de transparencia: las resoluciones y su definitividad, pues recordemos que las resoluciones son el instrumento legal y la vía idónea por el cual el ciudadano puede obtener información y esto último, es lo que ha causado incomodidad en cierto sector gubernamental, lo cual ha generado una evidente incomodidad.

Poner un freno de mano contundente para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales pueda seguir operando, conlleva a pensar que las resoluciones han incomodado y más aún, su definitividad, pues para la autoridad no hay instancia por encima del propio organismo garante con el cual se pueda atacar la resolución, ese poder únicamente lo tiene el ciudadano solicitante y, como interesado, no tiene reparo el ciudadano en llegar hasta las últimas consecuencias para obtener la información, por lo tanto, lo más viable es dejar inoperante al organismo garante y con ello dejar mutilados a los ciudadanos.

La afectación a ello no es sólo al instituto nacional, sino al propio sistema nacional de transparencia que se compone de todos y cada uno de los organismos garantes de los estados que lo conforman que en su totalidad son 105 Comisionados.

Estos nobles derechos humanos reconocidos, establecen que toda aquella información que produce y se conserva dentro de los archivos de la autoridad debe ser concedida, que se debe cuidar y preservar información referente a la vida privada debiendo ser rigurosamente protegida, que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tiene acceso a la información pública, la gratuidad de la misma al no poder cobrarse sino únicamente por una excesiva reproducción de documentos es decir, exclusivamente el material y además, de forma generosa al ciudadano, se culmina con la imposibilidad que tiene el sujeto obligado o autoridad para poder promover acción legal alguna en contra de las resoluciones emitidas por el órgano garante, ¿verdad que si GARANTIZA? .

El derecho de acceso a información sirve a la ama de casa que quiere saber sobre la pavimentación de su calle, al contratista que quiere realizar una licitación, al estudiante que quiere conocer el plan de estudios de la universidad pública así como una beca en el extranjero, al jubilado para que sean reconocidas sus horas laboradas, al docente que quiere conocer sobre cargas de horas, en fin, a quien deseé saber sobre ferias municipales, gastos de obra, sueldos, presupuestos, avances de gestión, programas sociales, beneficiarios…

Mi invitación es a unir esfuerzos como se hizo hace 20 años mediante el grupo Oaxaca en los que sociedad civil, magisterio, periodistas, estudiantes, ciudadanos y usuarios en general apoyemos y defendamos estos derechos adquiridos y reconocidos, no es un regalo que se nos otorga, éste regalo ya nos fue dado.

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