El enésimo conflicto del Tribunal Electoral

Tuvieron que pasar cien años para que en nuestro sistema jurídico se estableciera la judicialización de los conflictos político-electorales.

Ese cambio es otro episodio del viejo debate que en la última parte del siglo XIX libraron los juristas y ministros de la Suprema Corte, Ignacio L. Vallarta y José María Iglesias. El triunfo del primero pervivió una centuria con el criterio de cerrar la puerta a la judicialización de los asuntos político-electorales, mientras que el criterio opuesto del segundo no cumple ni siquiera tres décadas.

El sistema de justicia electoral tiene en la cúspide a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se integra de siete magistraturas designadas por el senado de la república a partir de ternas propuestas por la Suprema Corte.

Ese órgano supremo creado para solucionar conflictos, en buenos tramos de su corta existencia ha vivido en ellos. Ahora mismo en pleno proceso electoral concurrente en el que se elegirán más de veinte mil cargos, entre ellos la presidencia de la república y las diputaciones y senadurías federales, las magistraturas protagonizan un nuevo conflicto y para acabarla de amolar, con la falta de dos integrantes, pues esas vacantes no han sido llenadas por el senado, situación que propicia jugar con la integración del quorum necesario para sesionar.

La condición humana nos dice que las tensiones en los entes públicos obedecen a cuestiones de poder, pues en órganos colegiados como la Sala Superior de que hablamos se forman grupos de magistraturas que ladean para un lado y para otro la dirección de la nave, movimientos orientados en no pocas veces por la política, que le encanta vestirse la toga, cuando eso no le corresponde.

Tres de las cinco magistraturas quieren echar de la presidencia a su par Reyes Rodríguez Mondragón, por pérdida de confianza, aducen, como si fuera su empleado.

En la actual integración de la Sala Superior que data de 2016 los conflictos han estado a la orden del día: la primera presidenta Janine Otalora, fue echada; José Luis Vargas también, en un episodio que encabezó el ahora amenazado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien tres de sus pares pretenden tumbar, motín que encabeza Felipe Fuentes, magistrado que fue también presidente de emergencia a la salida de Vargas.

Que truculenta historia de un órgano del que la ciudadanía espera madurez, prudencia y altura de miras y que por el contrario deja crecer sus conflictos hasta el estallido escandaloso, lo que demuestra incapacidad para resolverlos.

Las acusaciones del magistrado Felipe de la Mata en la sala de plenos en un en vivo contra su antes aliado Rodríguez Mondragón son graves y ameritan no sólo una investigación, sino una explicación clara a la ciudadanía, mientras que la réplica del presidente que da a entender que la inconformidad de los alzados se debe a la cancelación de prebendas por el programa de austeridad que se puso en marcha, también exige transparencia.

Todo lo señalado sin contar con la perspicacia que propician esos hechos sobre la intromisión de manos políticas extrañas con intereses sobre el máximo órgano de justicia electoral del país que calificará nada más y nada menos que la elección presidencial.

No hagas a tu compañero, lo que no quieres para ti, reza el antiguo adagio. Al magistrado Reyes, le están haciendo lo mismo que él hizo al entonces presidente José Luis Vargas, aunque éste ya no esté.

Si la misión de los tribunales electorales es velar por la democracia, es triste ver que en el interior de esos órganos muchas veces eso es lo que menos campea.

Si bien en todo momento el presidente se aferró al cargo y cuando menos tres veces negó que fuera a renunciar, finalmente la presión de una mayoría no pudo resistirla y el lunes ya por la noche anunció su renuncia que regirá a partir del inicio del año 2024, con lo que ganó una extensión de tiempo nada despreciable en un proceso electoral en el que no hay días ni horas inhábiles.

Más allá de ese desenlace del enésimo conflicto de poder, hacen falta prácticas democráticas al interior de los Tribunales electorales y no que se la pasen en vendettas que merman la confianza ciudadana. Y desde luego nos salen a deber una aclaración satisfactoria de los hechos graves que se recriminan.

Y mientras tanto, tenemos la postura y propuesta radicales del panista Roberto Gil Zuarth, amigo de Reyes Rodríguez Mondragón: la descomposición del tribunal no tiene remedio y que renuncien todos los magistrados para dar paso a una nueva integración y legitimidad del tribunal.

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