AMLO no tiene derecho de exigir

Eduardo Ruiz-Healy.
Eduardo Ruiz-Healy.

El lunes pasado casi todos los periodistas y analistas especializados en economía y política dedicamos una parte importante de nuestros espacios en los medios de comunicación para comentar el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que el sábado 20 difundió la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Dos aspectos del informe llamaron … Leer más

El lunes pasado casi todos los periodistas y analistas especializados en economía y política dedicamos una parte importante de nuestros espacios en los medios de comunicación para comentar el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que el sábado 20 difundió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dos aspectos del informe llamaron especialmente nuestra atención:

  1. Que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX fuera de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la SCT en abril de 2019.
  2. Que el monto de las irregularidades en el gasto público en 2019 ascendiera a poco más de 67 000 millones de pesos.

Las cifras dadas por la ASF fueron tomadas como ciertas porque provinieron del órgano creado en 1999 para “fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales”.

Por eso nadie tenía porqué dudar de la veracidad de los datos obtenidos de las diversas auditorías realizadas al Grupo Aeroportuario de la CDMX (GACM), el organismo responsable de la cancelación del NAICM.

Quien dudó ese mismo lunes fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia de prensa dijo: “Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí…”. En seguida acusó al órgano fiscalizador de estar “dando mal la información a nuestros adversarios”.

Horas después de la conferencia, la ASF emitió un comunicado del Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, en donde “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría… Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”.

El “error” metodológico fue aprovechado por AMLO para irse contra sus adversarios reales y ficticios, a quienes acusó, como suele hacerlo, de ser neoliberales, conservadores y corruptos.

Su agresión contra los periodistas y los medios siguió hasta el viernes, cuando el presidente mostró planas de diarios y fragmentos de programas de TV, incluido el mío, para acusarnos de estar “al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren regresar por sus fueros”. Dijo que “Es realmente lamentable, vergonzoso, que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la Auditoría, pero… ¿no pudieron constatar, revisar la información?

Pues sí, Andrés Manuel, la culpa es de la ASF porque sus datos, por ser oficiales, se dieron por buenos; además, nadie iba a revisarlos porque, hasta donde yo sepa, ningún particular u organismo público o privado tiene el acceso a la información ni los recursos económicos, humanos y técnicos para auditar al principal órgano auditor.

AMLO tiene todo el derecho de reclamarle a la ASF, pero no para asegurar que somos corruptos todos los que comentamos la información basada en una fuente que, hasta el lunes, gozaba de total credibilidad.

*Twitter: @ruizhealy




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