Inseguridad y Justicia

La inseguridad es, sin duda, uno de los retos más acuciantes para el próximo gobierno. Estructuralmente, por supuesto, ya que a pesar de los resultados de la política de seguridad de los últimos 3 gobiernos y del resultado de las elecciones de hace 3 semanas, todas las encuestas muestran que se trata de una preocupación de la inmensa mayoría de los habitantes de México, independientemente del color político o del origen geográfico de nuestros compatriotas. No es un simple “sentimiento” (no es la percepción) como a algunos todavía les gusta decir, sino una realidad. Las últimas cifras con las que se mide la ocurrencia de “delitos de alto impacto” en nuestro país, cualquiera que sea la fecha en la que las consultemos, son realmente muy preocupantes, tanto en términos absolutos como en términos de tendencias. Todos los días hay en la prensa, en las redes sociales, en los dichos de funcionarios electos o en los testimonios de las víctimas: nos hemos acostumbrado a que la violencia ya no aumenta “de mes en mes”, sino ahora “de semana en semana”. Y uno pensaría que la nueva cabeza del poder ejecutivo tendrá que actuar con rapidez.

Al contrario de lo que sucede en el resto de los países de la OCDE, cuyos líderes tienen en su cabeza la posibilidad de tener que enfrentar las diversas crisis (violencia urbana, accidentes colectivos o industriales, terrorismo, eventos climáticos, etc.) que se producen cada vez con mayor frecuencia en cada territorio nacional, consideran la posibilidad de una serie de amenazas globales de orígenes muy diversos, susceptibles de movilizarse más allá de las fuerzas de seguridad interior, en México los generadores de cada uno de los crímenes que han engordado las cifras que cada ciudadano del país ha experimentado en carne propia o de alguien muy cercano, no tienen origen externo. Por más que el fenómeno de la inmigración se vuelve más visible en México, con las consecuencias bien conocidas que sobre la seguridad interior pueden tener, los generadores de violencia en nuestro país no vienen de fuera.

Escandalosamente, la Encuesta Nacional Sobre Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que periódicamente levanta el INEGI, entrega dos datos aterradores: cuando menos en uno de cada tres hogares mexicanos hay una víctima (o más) de un delito y en más de 93% de los delitos no hay denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación -lo que se denomina cifra negra-. Hay estados en los que hasta el 98% de los homicidios permanecen impunes. Esta asombrosa cifra confirma la aterradora impresión de que en México la violencia se ha convertido en un modo normal de resolución de conflictos. La cuenta cotidiana de la cifra de muertes violentas en el territorio nacional demuestra una dimensión esencial de esta banalización de la violencia cotidiana y sus consecuencias devastadoras. Es precisamente esa cifra negra la que parece estar detrás de la aparente falta de interés de la mayoría de la ciudadanía en la -deseable- defensa del Poder Judicial cuya estructura futura es objeto de debate en los círculos rojos de la nación en estos días: a la inmensa mayoría esa discusión no parece interesarle: el tema no está en las mesas familiares ni en los chats de WhatsApp.

Este aumento de la delincuencia, simbolizado por el aumento exponencial en la cifra de homicidios y agresiones intencionadas, tiene causas bien conocidas y comentadas, y ya provocado un cambio en las relaciones interpersonales dentro de nuestra sociedad. Pero es también, comentado en voz bajita, un clima de impunidad generalizada para los actos delictivos y los delincuentes. Además, los mexicanos no se equivocan: 4 de cada 5 considera que el sistema judicial es demasiado laxo.

Hay que decir que esta política de falta de castigo a los que delinquen se ha aplicado meticulosamente a lo largo de los años, no obstante las modificaciones de las que ha sido objeto el sistema penal y el endurecimiento en el papel de las penas para una cantidad cada vez mayor de delitos. Durante casi 40 años, el sistema de justicia penal ha enviado un solo mensaje a la sociedad, que se supone debe proteger, y es el de la impunidad. Si bien las causas de la inseguridad son diversas, la reanudación de la justicia penal por sí sola podría permitir superarla.

El sistema de justicia penal es el órgano supremo para la represión de las conductas nocivas. Tan pronto como hay demasiados comportamientos que son dañinos para la sociedad, es porque el sistema de justicia penal debe adaptarse y ser más firme. De lo contrario, se corre el riesgo de aumentar -más- la inseguridad y de insatisfacer a toda la población, en cuyo nombre, al parecer, se rinde.

Por eso es tan importante no darle una solución política a este problema. Por ello ha sido un desafío para los jueces defender al mismo sistema de justicia.