Desastres ecológicos

La élite político empresarial del país está muy acostumbrada a promulgar reformas y legislaciones sin tocar el cáncer de la corrupción y de la impunidad que padecemos cotidianamente. Acaso sea porque protege a los negocios de las sanciones punitivas cuando operan fuera de los marcos de una ley que solo en el papel membretado es reconocida.

Es fácil concluir que en una nación infestada por la corrupción, la exhuberancia de leyes y reglamentos tiene como correlato un crecimiento exponencial del abuso y la mordida, lo mismo que de la impunidad.

Algunas asociaciones civiles medio despistadas creen que este fenómeno atroz tiene su origen en la sempiterna cultura del soborno ciudadano a las autoridades gubernamentales. Juegan el juego de la paradoja absurda: ¿qué apareció primero, el huevo o la gallina? Están equivocadas, en realidad en México ha sido el Estado el corruptor absoluto de la sociedad. Mediante el uso ilegal de las instituciones ha conducido a la población a un callejón sin salida en el que la vía de escape son las propias patrullas estatales. Si pagas, los propios burócratas te abren las puertas.

Por este motivo, las actuales reformas podrían transformarse en potentes ensanches de prepotencia e impunidad. Las instituciones estatales no han sido creadas para proteger a la ciudadanía, en realidad son garantes de las empresas y los intereses políticos.

Lo hemos visto recientemente con los desastres ecológicos de Sonora y Nuevo León. Los funcionarios federales y estatales no han tenido empacho en mostrar que no son servidores públicos, sino voceros de los negocios que han causado incontables daños en aquellas regiones.

En Nuevo León, el burócrata mayor de Pemex no solo se ha mostrado indiferente a las penurias de los pobladores de los lugares en los que se ha derramado petróleo a lo bestia, afectando un territorio productivo y urbano de gran relevancia económica. Además, nos ha regalado una pieza retórica de incalculable valor hermenéutico que seguramente en el futuro será un clásico del totalitarismo político.

Este señor ha declarado que Pemex no indemnizará a ningún ciudadano por los daños ocasionados por esta inconmensurable fuga de oro negro, debido a que el accidente fue provocado por una toma clandestina abierta por la delincuencia organizada. Lo que sí harán, menos mal, es retirar el petróleo del río San Juan.

Convertido en legislador y juez estatal, el burócrata dicta una sentencia inapelable, quizá sabiendo que el propio Estado no se dará un balazo en el pie, al ser propietario del monopolio energético y dueño de las instituciones encargadas de velar por el bienestar ecológico y ciudadano.

A este tipo de situaciones calamitosas estamos expuestos los ciudadanos por el Estado fallido.

Imagen Zacatecas – Miguel G. Ochoa Santos