El Runrún: Ricardo Monreal enfrenta contradicción entre discurso público y concesiones familiares

Debe ser especialmente difícil para Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, hablar con entusiasmo de la nueva Ley de Aguas y asegurar que con su aprobación “terminarán los cacicazgos y los monopolios del pasado”.
Y es difícil porque, en lo personal, conoce un caso cercano y profundamente incómodo, y es que al menos cuatro de sus hermanos concentran más de 830 mil metros cúbicos de agua, cifra que se volvió pública a nivel nacional y que ilustra con claridad los privilegios que la reforma pretende desmontar.
Los registros oficiales de Conagua muestran que los hermanos Monreal Ávila han mantenido, durante más de dos décadas, un conjunto diverso de concesiones —para aguas superficiales y subterráneas— destinadas mayoritariamente al uso agrícola.
En conjunto, pueden disponer de 841 mil 460 metros cúbicos, una cifra que contrasta con la realidad de comunidades zacatecanas que enfrentan escasez crónica.
Los beneficios se distribuyen así: Cándido Monreal Ávila concentra 630 mil m³ gracias a tres títulos, siendo el mayor acaparador. Saúl Monreal Ávila, hoy senador, cuenta con 30 mil m³ otorgados en 2020. Elías Monreal Ávila dispone de 150 m³, con un título expedido en 2001. David Monreal Ávila, gobernador, tiene un permiso para “diferentes usos” que le permite extraer 31 mil 460 m³, también otorgado en 2001, cuando Ricardo era gobernador.
El discurso de renovación moral choca, inevitablemente, con estos datos. Y si la nueva Ley de Aguas avanza como se ha prometido, la familia del propio coordinador legislativo estaría en riesgo de no poder mantener un privilegio que el Zacatecano propio no puede ni soñar.

Exgobernadores priistas también acaparan millonarias concesiones de agua
La discusión pública sobre el uso y abuso del agua en Zacatecas no puede limitarse a un solo apellido. Si bien en fechas recientes se ha señalado el peso político y económico que la familia Monreal Ávila mantiene mediante diversas concesiones para la extracción de agua, conviene recordar que no fueron los únicos beneficiados o privilegiados.
Tres exgobernadores priistas —Miguel Alonso Reyes, Arturo Romo Gutiérrez y Genaro Borrego Estrada— aparecen también en registros de la Comisión Nacional del Agua como titulares de concesiones que, en conjunto, superan los 598 mil metros cúbicos anuales, un volumen que en cualquier región semidesértica marca la diferencia entre subsistir o colapsar.
El caso es revelador porque exhibe un patrón histórico de que quienes han gobernado Zacatecas no solo administraron el recurso hídrico, sino que, en muchos casos, se beneficiaron directamente de él.
Alonso Reyes cuenta con un volumen reportado de 108 mil m³ al año (es el que menos se benefició), Romo Gutiérrez con 210 mil m³, y Borrego Estrada con un impresionante 280 mil 560 m³, todos bajo usos reportados principalmente agrícolas, aunque ni juntos alcanzan a la familia Monreal Ávila.
Hablar de nuevas leyes, modernización institucional o combate a viejos cacicazgos resulta insuficiente si no se reconoce que el saqueo ha sido transversal a partidos, generaciones y gobiernos.
Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos de los archivos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), donde se encuentran disponibles como información pública consultable.
Estos registros, integrados en distintas bases documentales y reportes históricos del organismo federal, permiten identificar a los titulares de diversas concesiones de extracción de agua, así como el volumen autorizado, el uso declarado y los años de otorgamiento.

SNTE 58 condiciona levantamiento del paro a compromisos
El paro que mantiene la Sección 58 del SNTE muestra, una vez más, el profundo desgaste en la relación entre el magisterio y las autoridades educativas. Aunque en la mesa tripartita en la Capital del País, se lograron avances importantes, los docentes no quieren darse por satisfechos con promesas verbales ni con acuerdos a medias.
La demanda central es simple y se refiere a la claridad sobre la federalización, claridad sobre el impacto en el ISSSTEZAC y claridad sobre cuántos maestros han aceptado su transferencia. Todo lo demás es ruido. El sindicato ha optado por la cautela, y con razón. Las cifras inconsistentes y la falta de documentos oficiales han sembrado dudas “legítimas” entre los trabajadores.
Exigir precisiones no es un acto de confrontación, sino una defensa básica de derechos laborales. La próxima reunión del 15 de diciembre será determinante, pues ahí se evaluará si los compromisos avanzan o si la autoridad vuelve a posponer las soluciones, según dicen los maestros.
Mientras tanto, la presión continuará en las calles y oficinas, aunque el magisterio ha mostrado disposición a recuperar las dos semanas de clases perdidas. La pelota está del lado del gobierno. Si quiere restablecer la normalidad, necesita ofrecerles certidumbre real, no simplemente llamados a confiar.

El Consejo Universitario de la UAZ sanciona mientras autoridades educativas titubean
Mientras en la Secretaría de Educación persiste la incapacidad para encontrar una ruta clara de sanción contra los maestros del Centro de Actualización del Magisterio acusados de acoso y hostigamiento sexual —quienes hoy permanecen separados de sus funciones sin una resolución definitiva—, la Universidad Autónoma de Zacatecas demuestra que sí es posible avanzar cuando existe voluntad institucional.
El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno, no sólo aprobó su Plan de Desarrollo Institucional, sino que además reformó el Estatuto General para otorgar facultades directas a la Coordinación de Igualdad en materia de sanción, evitando con ello que los procedimientos se estanquen en áreas que no asumen su responsabilidad.
Esta modificación es un paso decisivo que fortalece el marco legal universitario y corrige vacíos que durante años permitieron la impunidad. Con esta reforma, la UAZ envía un mensaje de que la erradicación de la violencia no puede depender de trámites interminables ni de autoridades que dudan en actuar. La institución entendió que la prevención y sanción efectiva exigen claridad jurídica y mecanismos ágiles.

La Capital actúa firme ante abusos policiales
En el Ayuntamiento de la capital de Zacatecas han encontrado, al fin, una ruta clara para demostrar que no permitirán que la corrupción se instale ni en sus oficinas ni, mucho menos, en las calles donde los policías deben protegernos.
La decisión de separar, de manera inmediata, a dos oficiales que fueron grabadas extorsionando a ciudadanos no es sólo un acto administrativo, es un mensaje contundente que marca un antes y un después en la relación entre autoridad y sociedad.
La gente ya se atrevió a denunciar y eso obliga a todas las instituciones a estar a la altura del momento. Lo ocurrido en la policía municipal debe replicarse sin titubeos en la Secretaría de Seguridad Pública estatal y en la Dirección de Seguridad Vial, donde por años se han normalizado prácticas que dañan la confianza ciudadana.
Hoy, esconder la corrupción ya no es opción; los videos, las denuncias públicas y la presión social ponen fin a esa vieja dinámica de complicidades.
El Ayuntamiento hizo lo correcto, actuó rápido, sin excusas, sin proteger a nadie. Si esta firmeza se mantiene, la capital puede convertirse en ejemplo de cómo sí es posible depurar corporaciones y reconstruir la confianza pública. Pero este apenas es el inicio, ahora toca sostener el paso.

Confrontación en Juan Aldama agrava crisis y agudiza la gobernabilidad
La confrontación abierta entre la alcaldesa de Juan Aldama, Griselda Romero, y el síndico y varios regidores ha llegado a un punto que difícilmente tendrá un final positivo. Ahora que ambas partes han decidido llevar sus acusaciones ante distintas instancias, el conflicto dejó de ser un asunto político para convertirse en un problema que amenaza directamente la estabilidad institucional del municipio.
La denuncia de Griselda Romero por violencia política de género y, en respuesta, las acusaciones del Cabildo por presuntos actos de corrupción, nepotismo y manejo irregular del presupuesto dibujan un escenario de descomposición que ya impacta en la administración diaria.
Mientras unos aseguran ingobernabilidad provocada por convocatorias ilegales y desinformación financiera, otros hablan de desvíos, opacidad y abusos de poder. En medio de esta guerra, quienes verdaderamente pierden son los habitantes de Juan Aldama, atrapados en un pleito que ha sustituido el servicio público por el vendaval de descalificaciones y denuncias cruzadas. Esto apenas comienza. Primero fue Tepechitlán, ahora Juan Aldama, ¿cuál sigue?

Runrunazos
El encuentro de Miguel Ángel Varela con Vicente Fox puede leerse como un mensaje de apertura, aprendizaje y visión de largo plazo. En tiempos complejos, el diálogo con distintas experiencias políticas aporta reflexión y perspectiva, y recuerda que gobernar también implica prepararse, escuchar y buscar inspiración para seguir construyendo, con responsabilidad y esperanza, un mejor rumbo para la ciudad.