El Runrún: Los errores jurídicos de la Doctora en Derecho

Los errores en el procedimiento laboral cometidos por la secretaria general del SPAUAZ, Jenny González Arenas, revelan que ella, siendo una Doctora en Derecho, y sus asesores carecen de la técnica jurídica y del elemental sentido de conocimiento en el derecho laboral, lo que debe preocupar a sus seguidores y allegados, ya que fue más que evidente que ni el plebiscito del jueves 15, ni la falta de un desistimiento de la huelga, estuvieron dentro de la legalidad y recibió un duro revés de los representantes de la rectoría.

Para evitar la huelga prevista para estallar el 16 de este mes, no era ni es necesario firmar ningún convenio de desistimiento, Jenny González Arenas sólo tenía que asistir y desistirse y el SPAUAZ aceptar el ofrecimiento, pero la actitud de intolerancia se hizo presente al acusar que el Rector debió asistir y firmar un convenio.

Desde el inicio del emplazamiento no se acordó firmar convenio, por el desconocimiento del nuevo modelo de justicia laboral, por parte del comité ejecutivo del SPAUAZ.

El Comité Ejecutivo del SPAUAZ desde el origen del movimiento pre huelguístico se equivocó al no firmar un pre convenio y además, expresó en varias ocasiones, que no aceptaba la propuesta de la Rectoría, con la seguridad de que el gremio docente votaría por la huelga.

Ahí viene otro grave error, ya que en el plebiscito del 15 de febrero, solo se votó por él SI o NO a la huelga, y nunca se propuso en el plebiscito el aceptar o no la propuesta de la Rectoría, otro elemento natural de error, ya que al base sindical al ser consultada si estallaban o no la huelga, solo tenía que acudir y confirmar que la decisión fue que no estallaba, sin acusar si se aceptaba la propuesta.

Era una huelga política y no laboral

En términos reales, como resultado del plebiscito, el SPAUAZ y su secretaria general se desistieron de la huelga sin obtener ningún beneficio, y como no se firmó ningún convenio lo único que le quedó al Comité Ejecutivo era desistirse.

Como no se desistió, la autoridad laboral acudió al a la Rectoría a verificar el “estallamiento” de la huelga, y al corroborar que no había nada, determinó la inexistencia del movimiento, es decir, que otra vez cometió un error de procedimiento que exhibe el enorme desconocimiento de los procedimientos.

Entonces no era una huelga de carácter laboral para obtener mejores prestaciones, sino era un movimiento político sólo para medir fuerzas de cara a la siguiente elección. Grave sin duda, los errores de la doctora en derecho.

El Issstezac está enfermo de muerte

La continuidad de una institución social como el Issstezac pende de un hilo, toda vez que por la situación que atraviesa, y la falta de voluntad política de todos los actores, está más cerca que nunca la extinción de seguridad social que es propiedad de los trabajadores.

No hay viabilidad al corto plazo y la falta de liquidez obliga a tomar la decisión, misma que no depende sólo de la voluntad del director general, depende de lo que quiera el gobernador y determinar quién va a cargar con el costo político.

En el papel, el Issstezac tiene un patrimonio cercano a los dos mil millones de pesos, pero en la realidad, no rebasa los mil millones, ya que no hay un inventario actualizado de todo el patrimonio del Instituto.

Esos mil millones se encuentran en 47 propiedades inmobiliarias, de las que el 50 por ciento no cuenta con el título de propiedad. No tienen escrituras.

El diagnóstico dice ya que por cada 4.5 trabajadores activos que cotizan al Issstezac, hay un jubilado, y que por ahora suman cinco mil, que representan una carga financiera de 97 millones de pesos.

Es un escenario impagable, no hay forma de que eso alcance y mantenga a flote una institución que no puede con la carga financiera de años de desastre y uso rudo de la institución, especialmente por parte de los directivos y líderes en turno de los sindicatos.

El Issstezac está enfermo de muerte, o lo reforman de fondo para darle viabilidad al mediano plazo, o el 2023 será recordado como el año en el que cerró sus puertas en forma definitiva.

Runrunazos

De entre J. Guadalupe Chiquito Díaz de León, Érica del Carmen Velázquez Vacio, Oscar Gabriel Campos, Elizabeth Jiménez Castro y Olivia María Cabrera Ramírez, saldrá el nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Laboral Burocrático, sin embargo, no hay mucho entusiasmo en el poder ejecutivo, primero porque no son afines ideológicamente, y segundo, lo más importante, no acredita la experiencia en el litigio laboral, el favorito es el hermano del vocal ejecutivo del INE, lo que pone la carrera en serias desventajas. Para los demás.