“Mora legislativa”, sabotaje al país

La posibilidad anunciada por el Presidente López Obrador de que mediante un decreto administrativo la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es posible de analizar desde múltiples enfoques. Cuando expone el temor de que dicho cuerpo policiaco se corrompa como ha sucedido con otros, está admitiendo que los avances contra la corrupción aún no son irreversibles por faltar muchas reformas a la estructuración de la vida pública.

Vivimos una etapa de comienzos.

López Obrador expone su frustración cuando constata que su decreto de amnistía previsto para ponen en libertad a varios miles de reclusos que fueron torturados para que se declaren culpables, a mayores de setenta y cinco años y mayores de sesenta y cinco con enfermedades crónicas y a quienes permanecen más de diez años sin sentencia, a más de un año de expedido dicho decreto la triste realidad es que son solo seis las personas beneficiadas.

La acumulación de parches legislativos a lo largo de los años obstaculiza el sano ejercicio del poder, en el caso concreto, es más que lógica la preocupación del presidente por asegurar que la Guardia Nacional no se corrompa, lo que hay que dilucidar si el traslado a la esfera militar es el mejor camino, y esa tares es deber de los legisladores mexicanos, por eso su “mora legislativa” es un acto de irresponsabilidad extrema.

La corrupción de lo civil está admitida por todos, sus abundantes episodios hacen irrebatible la tesis de que es el problema principal de México, pero también los militares han vivido tramos de descomposición cuando han sido utilizados para reprimir luchas y cuando han sido encargados de combatir el tráfico de drogas y demás delitos del crimen organizado sin la supervisión que sujete su actuación a la ley.

Lo civil y sus bemoles

Miguel Alemán, primer presidente de origen civil de la post revolución, inauguró un trato desconfiado al ejército auspiciando la reforma del partido oficial que eliminó de sus estructurar al sector militar y creo el estado mayor presidencial como garante de su propia seguridad. A partir de entonces, se hizo tradición la cuidadosa política presidencial de mandar sobre el ejército concediéndole puestos legislativos y gubernaturas al mismo tiempo que se le usaba para reprimir causas populares y desde cuando Richard Nixon declara la guerra al narcotráfico, se le involucra en la misma con la “Operación cóndor” de los años setenta del siglo pasado.

Las fuerzas armadas viven la etapa de más prestigio social en mucho tiempo. Sus servicios al país en la emergencia sanitaria y en las obras estratégicas se combina con su cotidiana batalla contra la delincuencia organizada sin recurrir a ejecuciones extra-judiciales. Sin disparar contra personas desarmadas, sin torturar ni exponer la vida de terceros en sus operativos, es decir, asumiendo de manera fehaciente el respeto a los derechos humanos, todo ello se traduce en la enorme legitimidad que hoy reflejan todas las mediciones al respecto.

La Guardia Nacional es muro de contención del “efecto cucaracha” entendido como la movilidad territorial de grupos delictivos en función de lo caliente del comal (plaza), la construcción de cuarteles en todo el territorio nacional y un estado de fuerza de ciento diez mil efectivos, la convierte en la fuerza disuasiva institucional más poderosa de la historia, dueña de un potencial muy superior a la de todas las fuerzas policíacas precedentes, altamente concentradas en el mundo urbano.

El proceso de conformación de la Guardia Nacional no concluye porque faltan cuarteles y más efectivos, pero ya es visible su importancia estratégica, es muy pertinente garantizar a los mexicanos que esa formidable fuerza no siga el derrotero de corrupción de los cuerpos policiacos tradicionales.

La vía de trasladar a la SEDENA la Guardia Nacional mediante decreto ejecutivo, además de la controversial constitucionalidad tiene el defecto de que es fácilmente revocable en caso de que la SCJN de su aval, pues podrá cancelar la medida otro presidente más inclinado a contemporizar por razones de clima político.

Sabotean al país

Lo procedente es la reforma constitucional que ubique a este poderoso cuerpo policíaco dónde mejor se preserve de la descomposición, que la deliberación nos conduzca a optar entre la supervisión militar o la civil. Sin embargo, los legisladores de partidos de oposición han recibido la consigna de una “moratoria legislativa” para no permitir ningún cambio a la constitución propuesto por el presidente de la República.

Coincido con quienes consideran que el boicot es una táctica suicida, pues su postura los muestra ante el electorado enganchados a su facción, sin compromiso con los superiores intereses del pueblo mexicano.

Una cosa es que se opongan con razones y otra que incumplan su obligación.