¿Fin de privilegios y despilfarros?

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

Aunque el próximo año el estado de Zacatecas ejercerá más once por ciento más de presupuesto que el anterior, por primera vez se plantea la posibilidad de recortar gasto a dependencias del Ejecutivo, al Poder Judicial, al poder Legislativo y a Órganos autónomos. Se entiende que Zacatecas inicia, con años de retraso, la política de … Leer más

Aunque el próximo año el estado de Zacatecas ejercerá más once por ciento más de presupuesto que el anterior, por primera vez se plantea la posibilidad de recortar gasto a dependencias del Ejecutivo, al Poder Judicial, al poder Legislativo y a Órganos autónomos. Se entiende que Zacatecas inicia, con años de retraso, la política de austeridad republicana puesta en práctica por el Presidente López Obrador, misma que cuenta con un gran respaldo social y también con sorda resistencia de la clase política mexicana.

Durante décadas se nos volvió normal tener legisladores, ministros de la Suprema Corte y cúpulas burocráticas de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos mucho mejor pagadas que en países con economía superior a la nuestra y sin la pobreza que en México se padece, la toma de conciencia de esa realidad impulsó a López Obrador a revertir esa aberración hecha costumbre empezando por rebajar su propia remuneración al cuarenta por ciento de lo percibido por el Presidente Peña Nieto e impulsar cambios para que ningún servidor público gane más que el presidente, encontrando indigna resistencia en las élites como la encabezada por Lorenzo Córdova, del INE, que a base de amparos mantiene sus ilegítimos privilegios.

Aterrizar la austeridad republicana estado por estado y municipio por municipio lleva tiempo, en la medida que la resistencia explícita acarrea repudio social, la resistencia encubierta es el modo de operar, en la medida que los viajes, las ceremonias, los vehículos lujosos, viáticos para acceder hoteles y restaurantes de lujo provocan malestar ciudadano, disminuye la ostentación cínica en la que ya solo incurren los políticos bobos. La presión social aún no culmina su trabajo, existen muchos bastiones de la cultura de privilegios y despilfarros, partiendo de eso, la propuesta de recortes presupuestales del gobierno de Monreal puede ser la respuesta a un reclamo social muy vigoroso de los zacatecanos, no obstante, cada reducción específica debe considerar no afectar la funcionalidad del ente público al que se le disminuyen ingresos.

Distinguir en cada caso

Para discernir entre un recorte justificado y uno contraproducente, la transparencia debe alumbrar nuestro entendimiento, empezando por sueldos, bonos y prestaciones de diputados, magistrados del poder judicial, titulares de órganos autónomos y la alta burocracia de cada uno, podemos empezar por la actual legislatura, misma que padecerá un recorte que debió hacer Alejandro Tello (el monto de “herramientas legislativas” cuando ya estaban suprimidas las “ayudas sociales”).

Sabemos, por voz del único diputado explícitamente inconforme con la corrupción anidada en el congreso local, que cada diputado tiene asignado ciento cuatro mil pesos mensuales, cifra cercana a la del Presidente de la República, según su propio dicho expresado en redes, Gonzáles Romo añade que los altos directivos reciben ochenta mil al mes, por encima de lo que ganan los titulares ¿Alguien considera injusto solicitar una reducción de sus percepciones a diputados y directivos de un estado con tantas necesidades acumuladas?

La redacción de dictámenes, excitativas, puntos de acuerdo, iniciativas de decreto, en su inmensa mayoría corren a cargo del personal profesional que labora en la propia cámara y al cual nunca se le reconoce su trabajo, por eso, no es admisible que la pasada legislatura haya gastado más o menos 200 millones de pesos en contratar “servicios legislativos” aún en el caso que las empresas no fueran “fantasmas”.

A lo anterior habrá que sumar el hacinamiento de personal debido a la tradición de otorgar plazas a familiares, amistades y seguidores de diputados que hacen del tráfico de influencias un verdadero arte, legislatura tras legislatura.

La “herencia” de la legislatura 63 debilitó grandemente a la legislatura actual para ponerse “bravos” por los recursos sin causar repudio social aunque la historia pudo haber sido otra si en vez de reaccionar pasmados hubieran ofrecido investigar e informar a la ciudadanía los resultados, independientemente de lo que instancias externas al congreso hagan al respecto, también se les “durmió el gallo” al prolongar la omisión del titular del órgano de control interno, omisión sin la cual, la “estafa legislativa” les habría costado más trabajo, cuando menos.

Discernir informadamente

El caso del poder judicial se cuece aparte porque los ciudadanos conocemos menos acerca de su realidad interna, sin embargo, este poder se despliega cotidianamente en todo el territorio del estado, segmentado en distritos judiciales operan alrededor de 70 juzgados, sus rutinas implican desplazamientos por notificaciones, embargos y demás diligencias que contrastan con el esquema sedentario de la función legislativa.

A los órganos autónomos no se les puede meter al mismo costal, la función estratégica de la Fiscalía General del Estado no puede limitarse por insuficiencia de recursos hasta dónde aguanta nuestra circunstancia.

No todos caben en el mismo costal.

Nos encontramos el lunes en Recreo.

@luismedinalizalde | [email protected]




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