El Recreo: Cuando los consultados “eran los jefes”

José Luis Medina Lizalde.
José Luis Medina Lizalde.

Los núcleos políticos identificados con los expresidentes de la etapa de cogobierno del PRI y el PAN iniciada en 1988 y concluida en 2018 no han sido capaces de hilvanar argumentos para llamar a votar por el “No” a la pregunta de la consulta del 1 de Agosto, esperanzados a que las trabas del equipo … Leer más

Los núcleos políticos identificados con los expresidentes de la etapa de cogobierno del PRI y el PAN iniciada en 1988 y concluida en 2018 no han sido capaces de hilvanar argumentos para llamar a votar por el “No” a la pregunta de la consulta del 1 de Agosto, esperanzados a que las trabas del equipo de Lorenzo Córdova séanlo suficientemente efectivas para que no se alcance el porcentaje de participación que la ley exige para que el resultado sea vinculante.

Los opuestos a la consulta esgrimen una frase que es repetida una y otra vez “La aplicación de la ley no se consulta”, frase que sería de una lógica impecable dónde la inaplicación de la ley no fuera una constante cuando se interponen los intereses de una élite política y económica que hace valer el dinero para burlar la legalidad con histórica impunidad.

Durante mucho tiempo, la aplicación o no aplicación de la ley dependió de la voluntad presidencial, el órgano de estado investido del monopolio del ejercicio de la acción penal dependió del Presidente y los gobernadores en su ámbito.

Tal circunstancia enmarca la inaplicación de la ley cuando desde el poder se cometieron los innumerables probables delitos de las respectivas administraciones de Salinas De Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la “anomia” se reprodujo en diversa proporción en estados de la república dónde la inaplicación de la ley ha sido socialmente registrada por una ciudadanía que vislumbra la posibilidad de trasladar la experiencia a los ámbitos estatales y municipales.

Los mexicanos hoy podemos saber más del pasado que en el pasado porque ahora los sucesos son infinitamente más documentables y más comunicables, tal es el origen de la zozobra de los que suscribieron contratos anómalos, otorgaron plazas irregulares, ordenaron o encubrieron masacres, torturas, asesinatos, inflaron nóminas, operaron con empresas fantasmas, desviaron recursos y se beneficiaron de obras caras, mal hechas e inservibles como los cientos de hospitales-cascarones. Tal degradación ha sido tan visibilizada que los opositores a la consulta renuncian a refutar su existencia para atrincherarse en que “la aplicación de la ley no se consulta”, hablando sin contexto, como inapelable sentencia bíblica.

De la voluntad presidencial a la voluntad de la ley

La aplicación o no aplicación de la ley ya no depende de la voluntad presidencial en lo nacional ni de los gobernadores en los estados.

Alejandro Gertz Manero es el primer fiscal autónomo y en cada una de las entidades, sus homólogos son, en su mayoría, los primeros detentadores de autonomía constitucional respecto a la voluntad del Ejecutivo.

El Poder Judicial ha transitado de la autonomía formal a la autonomía real, un juez puede contrariar la voluntad presidencial otorgando amparos temporales o definitivos en contra de leyes prioritarias para el Presidente, un juzgador puede ser pieza clave del sabotaje al Tren Maya o Ferrocarril Transoceánico urdido por la oposición adinerada, es tan sin cortapisas la autonomía judicial que se puede poner al servicio del absurdo de ordenar acción penal contra los Secretarios de Hacienda y de Salud por el desabasto de medicamentos que tiene décadas de existir y que ahora se utiliza como munición opositora.

Los que de buena fe se rechazan la consulta sobre el juicio a las administraciones presidenciales del co-gobierno informal del PRI y PAN de 1998 a 2018 convencidos del argumento de que “la aplicación de la ley no se consulta” no se han percatado de que ya no depende de la voluntad presidencial la aplicación o no de la ley, que Romero Deschamps, Lozoya Austin, Alemán Magnani, Cárdenas Palomino, El Güero Palma, Rosario Robles, Juan Collado y los que se acumulen, dependen de actuaciones y decisiones de instancias autónomas de la voluntad presidencial.

Presidentes y gobernadores, como máximos jefes de administraciones públicas tienen la responsabilidad de turnar expedientes a los órganos de estado competentes para detectar faltas administrativas y delitos.

Consultados y obedecidos

Nos acostumbraron a cuestionar la dependencia de los poderes legislativo y judicial sin pensar en otra dependencia más nefasta que acecha siempre a los órganos de estado, la dependencia de los ahora llamados “poderes fácticos” como grupos empresariales, caciques políticos o grupos de interés, esos poderes son consultados y obedecidos.

La dependencia respecto a la voluntad del ejecutivo de jueces y ministerio público fue remplazada por una dependencia más dañina, que nos hizo vivir cinco sexenios de irresponsable apropiación privada de lo público, de anulación del estado de derecho y del acceso a puestos de primer nivel a sobornables seducidos hasta con boletos para ver jugar al Real Madrid.
Esa clase gobernante siempre consultaba antes de aplicar la ley.

No al pueblo, a los poderes fácticos.

Nos encontramos el jueves en Recreo.




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