Se agudizan las protestas de los trabajadores de la FGJEZ

ZACATECAS.- Este viernes, por la mañana, se agudizaron las protestas y fueron tomadas las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los trabajadores de las distintas áreas que conforman la institución. Exigen salarios homologados, alto al hostigamiento laboral y al acoso sexual.

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Mientras que el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) analizan la ruta que permita atender las demandas de las y los trabajadores de la institución, pero reconocieron que los cierres derivados del bloqueo impiden el ejercicio de las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, con la consecuencia de impedir la adecuada investigación y persecución de los delitos.

Después de eso, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, comentó que las demandas de las y los trabajadores son legítimas, aunque el método no es correcto, y aseguró que “hay posibilidades de que se destrabe el asunto si se despoja la parte de la politiquería”.

Dijo que se está a más de la mitad del ejercicio de gasto, por lo que se tiene que analizar si se puede dar capacidad o suficiencia y de dónde, para poder hacer una propuesta a los trabajadores de la Fiscalía.

Añadió que cada secretaría y dependencia de gobierno, incluyendo entes autónomos, tienen un ejercicio de gasto programado año con año, resaltando que la Fiscalía ha sido objeto de incrementos “sostengo, por lo menos durante los últimos 6 años”, siendo estos 2 últimos años los más conservadores teniendo apenas un ligero incremento el año anterior.

Se dio a conocer que la toma de las instalaciones por parte de los inconformes, obstaculiza la debida custodia del Banco de Armas en la que se encuentran resguardadas 470 armas cortas y 480 armas largas, así como la adecuada atención y conservación de 290 cadáveres no identificados que se encuentran bajo resguardo.

Otra de las consecuencias de los cierres es la imposibilidad de recabar denuncias y recibir personas detenidas por la probable comisión de delitos, ello violenta el debido proceso y se incumple la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

También imposibilita recibir y brindar atención médica y psicológica de urgencia a las víctimas, lo que constituye una violación grave a sus derechos humanos; no contar con servicio médico forense para la recepción de cuerpos sin vida y la aplicación de los protocolos correspondientes de necropsia, reconocimiento y entrega a sus familiares, niega el acceso a la justicia pronta y expedita como a la dignidad póstuma.

No monitorear la temperatura de las cámaras frías en que se conservan los cadáveres genera el riesgo de su descomposición, violentando los derechos de dignidad póstuma. No brindar atención inmediata a los delitos de alto impacto (Homicidio, Secuestro, Feminicidio, Desapariciones, Privaciones) implica un alto riesgo a la seguridad pública.

No tener acceso a las carpetas de investigación conlleva que no se atiendan las audiencias programadas adecuadamente, afectando los derechos procesales de las víctimas e imputados, con el riesgo del vencimiento de plazos cuya consecuencia directa es la impunidad.

Ya por la noche se mantenía la comunicación entre todas las partes para tratar de establecer un acuerdo.