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Julieta del Rio | Foto: Cortesía.
Baja participación evidencia dudas sobre protección de datos personales.
ZACATECAS.- El avance del registro obligatorio de líneas celulares en México no sólo es lento, sino también revelador. De un universo de 161 millones de líneas, apenas 30 millones han sido inscritas, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Para Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia, esta cifra evidencia un problema de fondo: miedo y desconfianza ciudadana.
La excomisionada del INAI explicó que, pese a la estrategia de difusión en espacios públicos —como transporte y portales gubernamentales— para incentivar el registro y prevenir delitos como la extorsión, los resultados han sido limitados.
En este contexto, señaló que la baja participación responde principalmente a la desconfianza. Millones de mexicanos enfrentan diariamente extorsiones, fraudes y mensajes engañosos, lo que ha convertido al celular en una herramienta de riesgo constante.
“Solicitar datos personales sin claridad sobre su resguardo genera incertidumbre”, advirtió. A ello se suma que la instancia encargada de esta función mantiene bajo perfil y poca información pública, lo que incrementa las dudas.
Las preocupaciones aumentan ante fallas y posibles filtraciones de datos personales detectadas desde el inicio del padrón. Además, especialistas han advertido que números virtuales permiten evadir el registro, lo que pone en duda su efectividad.
Si bien el padrón busca combatir delitos, su implementación ocurre en un entorno donde persiste la percepción de que los datos personales no están debidamente protegidos, lo que debilita la credibilidad institucional.
Del Río Venegas también subrayó la ausencia de una autoridad sólida y confiable en materia de protección de datos. Sin supervisión efectiva ni sanciones claras, advirtió, la política enfrenta un déficit de legitimidad.
La especialista consideró que la lentitud en el registro es una señal de alerta, reflejo de una ciudadanía que prefiere proteger su información ante la incertidumbre.
“Combatir delitos no puede basarse sólo en acumular datos personales; se deben fortalecer investigaciones y coordinación entre autoridades”, sostuvo.
No obstante, aseguró que aún hay margen para corregir el rumbo. La autoridad debe transparentar procesos y garantizar la seguridad de los datos. De lo contrario, el 30 de junio no será una meta cumplida, sino evidencia de una brecha de confianza creciente.
Finalmente, recordó que aún hay tiempo para que las compañías telefónicas informen con claridad sobre avisos de privacidad, medidas de seguridad y responsables ante vulneraciones. En contraste, continúan en aumento extorsiones, robos y ataques informáticos, documentados por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor.
“Ningún registro será eficaz si la ciudadanía no cree en él”, concluyó.
