Información contra desinformación

El campo de batalla decisivo, aunque no único, en el mundo contemporáneo lo ocupan los informadores y los desinformadores; no ya los soldados o los dólares, en consonancia con esa realidad la ONU se dispone a una campaña mundial para contrarrestar el impulso de compartir noticias falsas respecto al Covid- 19, alentando una especie de “contar hasta diez” y dar espacio a un mínimo de reflexión previa; la desinformación ha complicado la respuesta a la pandemia en muchos países y llevado a la muerte a muchos cuya conducta fue determinada por erradas creencias al respecto, pero el saldo del cotidiano encontronazo entre información falsa e información verdadera se registra en la economía, la política, la salud y en general, la vida humana.

Todos los seres humanos vivimos la condición de informadores o  desinformadores, es a partir de cómo nos ubican los demás como transitamos con respetabilidad y honor por la vida o cuando arrastramos el pesado fardo de ser percibidos como deformadores de sucesos y calumniadores de personas; la humanidad otorga tanto valor a la verdad que hace del falso testimonio conducta punible y pecado capital.

Hoy, en las batallas por edificar un México sin corrupción y cimentado en el derecho se registran batallas en cada decisión, en cada medida trascendente, si se trata de reivindicar el suculento negocio cancelado con el cambio de sede de un nuevo aeropuerto, se silencia el hecho de que el suelo del lago de Texcoco aún sin peso en la superficie se hunde 35 centímetros anuales, garantizando un gasto público en mantenimiento para evitarlo que en una década duplicaría el monto invertido en su construcción.

La batalla entre información y desinformación en torno a los fideicomisos ha sido de grandes proporciones, se pone por delante a los más legitimados beneficiarios de fideicomisos como son los braceros y los que buscan personas desaparecidas.

Es en la misma lógica con la que la Coparmex defiende a poderosos industriales de alimentos chatarra poniendo enfrente a los humildes vendedores de tienditas de barrio o puestos callejeros al mismo tiempo que se oculta que tales formas de administrar fondos públicos no están sujetas a la verificación del ejercicio cuando se canalizan al mundo privado, lo que sucede con mucha frecuencia en México. La desinformación construye el falso debate sobre la pertinencia de financiar algo en específico y no sobre el cambio en su forma de administrar los mismos fondos para las mismas actividades y para los mismos beneficiarios.

Batallas ganadas

Las batallas a favor de la información o en contra de la desinformación han sido muchas; van desde la consagración del derecho a saber plasmado en el sexto constitucional hasta la preservación obligada de archivos, pasando por
la legislación que concreta el derecho de todos a solicitar puntual información de carácter público de manera tan amplia que ni siquiera requiere identificación el interesado, gracias a eso se torna muy complicado ocultar aviadores, nepotismo, facturas falsas, contratos lesivos al interés público, derroches e ineficiencias, con lo cual se gesta un poder social vigilante que fina límites al “gandallismo” en puestos públicos. Sin embargo, todavía no está al alcance de la población entera el ejercicio del derecho a saber, del derecho a la verdad. Se interponen aún factores culturales, geográficos y económicos, pero en ese camino vamos, tal circunstancia le otorga especial trascendencia al periodista que en nombre del interés general usa las herramientas tecnológicas disponibles para poner al alcance de la población, datos de la realidad que por su naturaleza son de incumbencia pública.

Ganamos conciencia

Mucho de lo que sabemos del México de hoy se lo debemos a investigadores de alto perfil que documentan la descomposición de la vida pública y dan luz sobre los orígenes de los problemas de la vida colectiva en Zacatecas.

Gracias al periodismo de investigación conocimos la contratación de empresa fantasmas para comprobar el gasto de integrantes del congreso local zacatecano; supimos de que la bitácora de vuelos del avión del Gobierno del Estado registraba una inusitada frecuencia de viajes de la esposa del gobernador; nos enteramos también de un contrato suscrito por la coordinación de ganadería con una empresa sumamente controversial, se ha verificado la utilización de “Servidores de la Nación” en acciones de proselitismo electoral expresamente prohibidas y recién nos enteramos de un procedimiento resarcitorio de 14 millones de pesos instaurado contra Julieta Del Río, que se ha mantenido sin resolver y bajo reserva por aproximadamente diez años y varios casos más.

Pareciera que no pasa nada, pero sí pasa, el que utiliza empleados públicos ilegalmente pierde más simpatías de las que gana. La conciencia de la gente gracias a la disponibilidad de información es como el sol para los vampiros.

Nos encontramos el lunes en El Recreo