Impunidad

A pesar de que la inseguridad fue uno de los problemas que mayor relevancia tuvo en el listado de asuntos urgentes de resolver al ganar la Presidencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto no solo es incapaz de abatirla, sino que ha crecido.

Según el Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este 2014 registra un aumento de 21.5 % o sean 509 casos en averiguación previa, mientras que en el mismo periodo del año pasado se abrieron 399 expedientes.

A finales de 2013, Peña Nieto reconoció que los secuestros no declinaban y tendían aumentar. Entonces anunció una nueva estrategia nacional para combatirlos y en enero instituyó la Coordinación Nacional Antisecuestros, organismo cuyos primeros resultados indican un fracaso.

El secuestro es una de las muchas formas que integran el conjunto del problema de inseguridad, pero sin duda es, después del asesinato y desaparición, el que más daña e impacta emocionalmente a la sociedad.

En este asunto, como en otros muchos, la respuesta de Enrique Peña no ha demostrado eficiencia. Enfrascado como está en culminar el traspaso de los recursos energéticos nacionales a empresas extranjeras, soslaya o deja en manos de otros poderes del Estado la solución de los secuestros.

En homicidios dolosos sí hay avance. Según las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, en este trimestre van 4 mil 47, contra los 4 mil 610 de 2013. Una disminución de 12.21 por ciento.

Destaca en este delito -con 640 averiguaciones previas- el estado de México, que condujo el actual Presidente de la República y hoy lo hace Eruviel Ávila Villegas, el Ejecutivo estatal que más millonadas gasta en publicidad en todo el país. Le siguen Guerrero, con 434; Michoacán, 324, y Chihuahua, con 330.

En extorsiones también, con 347 casos, el Estado de México tiene otro deshonroso primer lugar. Por lo visto, la excesiva publicidad de los ejecutivos estatales con aspiraciones presidenciales sirve para fotos en los diarios de todo el país, pero no refleja buenos resultados en políticas de gobierno. Una cosa es gobernar; otra, la mercadotecnia.

Ante la irrefrenable oleada de secuestros ¿qué hacen el Ejecutivo federal y aliados? El Senado ya aprobó el dictamen sobre una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México que eleva de 40 a 80 años de prisión el castigo a secuestradores.

Duplicar la penalidad no inhibirá ese delito. Los plagiarios prosperan porque la ineficiencia de las policías está comprobada. El crimen le apuesta a la impunidad, a la incapacidad en la impartición de la justicia.
Las penas no los asustan. Sabe que solo 2 % de los casos de secuestro son castigados.

Imagen Zacatecas – Ricardo Gómez Moreno