Financiamiento a partidos políticos

La tragedia generada por el sismo del 19 de septiembre, y la necesidad de destinar recursos para la reconstrucción nacional, hizo que prácticamente toda la sociedad volteara hacia el financiamiento que se otorga a los partidos políticos, pidiendo se reduzca o se elimine, por oneroso y excesivo.

Los propios partidos y actores políticos hicieron propuestas de reducción de su financiamiento: El PRI renunció al 100%  del financiamiento que resta este año, pero propuso además, que se elimine el financiamiento para campañas del año 2018, y que ya no haya senadores, diputados federales ni diputados locales plurinominales. Esto significa un fondo de casi mil millones para 2017, 6 mil millones para 2018, y respecto a los pluris, un ahorro de 11 mil 600 millones de pesos.

Eliminar el financiamiento directo a los partidos políticos, implica que estos recurran al financiamiento privado, lo que implica el riesgo de caer en manos de los poderosos e incluso de dinero de oscura procedencia. Estimo que es conveniente reducir la carga para el Estado, pero debe buscarse un modo de evitar aquel riesgo.

En la mayoría de los países democráticos existe un sistema mixto de financiamiento, combinando el de recursos públicos con el proveniente del ámbito privado, en algunos con mayor énfasis en el sostenimiento público, que se clasifica en financiamiento público directo e indirecto, y aquí puede estar la clave.

El financiamiento directo es el dinero que entrega la hacienda pública a los partidos, bajo reglas derivadas del número de votos obtenidos en la elección anterior, para el funcionamiento normal de la estructura del partido; al gasto en campañas electorales, y al gasto de actividades específicas, tales como capacitación, etc.

Conveniente sería eliminar el financiamiento público directo para el funcionamiento normal del partido, y que se sostenga con aportaciones de militantes, simpatizantes, candidatos y personas físicas y/ o morales. Así,  se desburocratizarían los partidos y voltearían más a la sociedad y sus causas, y que los donativos sean deducibles en un 50%, con la obligación de los donatarios de publicar mensualmente las listas de sus donantes, y sostener los estímulos fiscales que ya existen para los partidos. 

En cuanto al gasto de campañas, sí apoyar con dinero público, y pudiera darse directamente a los candidatos y no a los partidos, como en Estados Unidos, o en forma de reembolso de gastos comprobados de campaña, como en Canadá, con límites previamente establecidos. Estimo necesario el financiamiento público directo e indirecto para las campañas, a fin de garantizar la equidad en el proceso, reduciendo los tiempos de campaña, y desde el INE y OPLES administrar los tiempos en los medios.

En relación a los legisladores plurinominales, deben disminuirse, pero no eliminarlos, y en todo caso, deberá haber un acuerdo nacional a efecto de no dejar sin representación a las minorías en los órganos legislativos.        

Imagen Zacatecas – Jaime Santoyo Castro