Sunday 26 de February de 2017

Castigos ejemplares para funcionarios públicos

Carlos López Gámez      24 Jun 2016 23:19:59

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Este cuadernillo es la prueba factible de los derechos en el año de 1861.Imagen/ Carlos López Gámez
Este cuadernillo es la prueba factible de los derechos en el año de 1861.Imagen/ Carlos López Gámez
El próximo año estamos seguros que se realizarán infinidad de actividades para conmemorar muy a nuestro estilo el Primer Centenario  de la Constitución de 1917, cuyo contenido, cien años después, ha sido modificado en incontables ocasiones. Así pues, pero ¿Habrá cumplido cabalmente su objetivo? Lo dejamos a su criterio.

A propósito, hace años llegó a nuestras manos un cuadernillo editado en 1861 en el cual se reproduce el contenido del Derecho fechado el 24 de marzo de 1813.  El título acaparó totalmente nuestra atención y curiosidad.  Es una serie de enunciados para que se haga efectiva la responsabilidad de funcionarios públicos.  Los castigos o sanciones nos dicen que en aquellos lejanos días, al parecer, sí se procedía sin contemplación alguna en contra de los corruptos.

En el primer párrafo se puede leer lo siguiente: Las Cortes Generales y Extraordinarias, queriendo que se haga efectiva la responsabilidad de todos los empleados públicos, cuando falten al desempeño de sus oficios y reservándose determinar por decreto separado acerca de los infractores de la Constitución,
decretan:

Artículo 1.- Son precavidores los jueces que a sabiendas juzguen contra derecho por afecto o por
desafecto, hacia alguno de los litigantes u otras personas.

En el siguiente precisa: El magistrado o juez de cualquier clase, que incurra en este delito, será privado de su empleo e “Inhabilitado perpetuamente para obtener oficio ni cargo alguno”, y pagará a la parte agraviada todas las costas y perjuicios.  Si se cometiese la prevaricación en alguna causa criminal, “Sufrirá además la misma pena que injustamente hizo sufrir al procesado”.

Entre otras sanciones: Si el magistrado o mediador juzgase contra derecho a sabiendas por soborno o por cohecho, esto es, porque a él o a su familia le hayan dado o prometido alguna cosa, sea dinero u otros efectos o esperanzas de mejor fortuna, sufrirá además de las penas prescitas en el presente artículo, la de ser declarado “Infame” y pagar lo recibido, con el tres tanto para los establecimientos públicos de instrucción.

Por cuestión de espacio tan solo abundaremos en extractos que de seguro harán reflexionar o reírse a uno o varios coludidos en el tema.

Después de la lectura del capítulo 1, llegamos al siguiente, el cual trata de los demás empleados públicos.

Sobre el particular, el artículo primero dice: Los empleados públicos de cualquier clase, que como a tales y a sabiendas abusen de su oficio para perjudicar a la causa pública o a los particulares, son también prevaricadores y se les castigará con la destitución de su empleo, “Inhabilitación perpetua” para obtener cargo alguno y resarcimiento de todos los perjuicios, quedando además sujetos a cualquiera otra pena mayor que les esté impuesta por las leyes especiales de su ramo.

En todo caso de que el empleado público prevaricarse por soborno o por cohecho en la forma prevenida con respecto a los jueces será castigado como éstos.

Los empleados públicos de toda clase serán también responsables de las faltas que cometan en el servicio sus respectivos subalternos, si por omisión o tolerancia diesen lugar a ellas o dejases de poner inmediatamente para corregirlos el oportuno remedio.

Independientemente al contenido del decreto de referencia que a nuestra manera y muy personal de entenderlo, nos parece más firme de cuantos se conozcan.  También se hace alusión en detalle de los honorarios que deben cobrar y se publica el arancel respectivo que se convertiría en freno para los ambiciosos funcionarios, aunque estoy convencido que tales leyes nunca se aplicaron y se cumplen al pie de la letra.

En caso de que se diera cumplimiento a las leyes reguladores que deben regir en el País, como se supone es y debe ser la Carta Magna, estamos plenamente seguros que nuestra patria sería otra y en otros órdenes.

Claro se dirá, el decreto de otros tiempos, ni duda cabe, pero me pregunto ¿para qué sirven entonces?

En los inciertos tiempos de la globalización y de la imparable modernidad, las leyes que suponemos deben aplicarse con todo rigor en contra de funcionarios públicos que no cumplan con sus responsabilidades, son letra muerta.  

De hecho y de ello los testimonios que hablan de corrupción e impunidad, rebasan por completo cualquier intento de castigar a quienes se aprovecharon de sus cargos para saciar la hambruna de poder y notoriedad.

Y en caso de que en el siglo 21 exista algo que intente o pretenda frenar o impedir los constantes y persistentes excesos y abusos del poder, se desconoce por completo, estoy seguro de que todo se resume en el tradicional y evasivo discurso demagógico.

Entonces ¿cómo podemos calificar el decreto aludido para que se haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos?




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