Tuesday 21 de February de 2017

Ayudan a Chole desde el gobierno  

Francisco Gabriel Reynoso Torres      10 Dec 2016 21:23:27

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Soledad Luévano Cantú quiere ser candidata de Morena al Senado de la República en 2018.
A la Chata Chole –revelan algunos de sus compañeros de partido- la diputación federal le parece poca cosa. Ricardo Monreal la proyecta para la Cámara Alta. Y de ahí los ataques y denuncias al exgobernador Miguel Alonso.  Saben ambos que es la campaña política más redituable y de menor costo económico.
La Luévano –abundan socarrones sus correligionarios- quiere ocupar el papel de saltimbanqui bufonesco que desempeña ahora Layda Sansores, hija del siniestro priista Carlos Sansores Pérez. Aspira a engrosar la lista de parlamentarias grotescas que ha tenido la Cámara Alta. Destacan de esta Layda y La Tigresa, Irma Serrano.
 
Filtraciones del gobierno 
Lo que quiera ser la Chata Chole es lo de menos. Lo que está haciendo, y con ayuda de quién, es lo de más.
Toda, absolutamente toda la documentación utilizada por la Chata Chole para denunciar penalmente a Miguel Alonso en la PGR ha salido del gobierno estatal.
Según cuentan los compañeros de Luévano en Morena, los compinches de ésta: Pedro y Ernesto, apodados Los Gordos, han conseguido mucha documentación oficial, entre ésta contratos y licitaciones.
Explican que en todas las dependencias han presentado solicitudes de información. En todas piden casi lo mismo. Y a los datos oficiales les dan su interpretación y, cuando existen datos confusos y errores, los convierten en presuntos fraudes multimillonarios.  
Y todo esto –subrayan- se enriquece con las filtraciones de información cierta o inventada. Porque –sostienen- en los cuerpos de la burocracia muchos funcionarios resentidos con Alonso, unos por afinidad con Alejandro Tello y otros con Ricardo Monreal, están dispuestos a ayudar para que Morena saque al PRI del gobierno.
 
Pistolera
Monreal 

Como en 2013, cuando inició la guerra entre Ricardo Monreal y Miguel Alonso, la Chata Chole será algo así como la María Pistolas del delegado de la Cuauhtémoc en 2018.
Cuentan quienes conocen el tejemaneje en Morena que fue el Chamuco quien la hizo subdirectora del Issstezac en 2010. En ese entonces Alonso gobernaba de la mano de Monreal. Acomodó, además de Chole, a Guillermo Huizar, Renato Rodríguez y otros muchos.
Pero luego, cuando Alonso le puso coto a su voracidad, vino la guerra. Y Chole, que ganaba más que Víctor Rentería, salió del Issstezac para convertirse en diputada local. 
Su llegada al Congreso –cuenta- fue por imposición del Chamuco.  Geovanna Bañuelos y David Monreal chocaron al elegir candidatos plurinominales al Congreso. Ella quería que Bibiana Lizardo encabezara la lista. David estaba necio en meter a su cuñada y secretaria Verónica Díaz.
Ricardo intervino para acabar con la confrontación. Aunque ya había impuesto a su compadre César Deras, también metió a la Chata Soledad. Así, con el dedazo del Chamuco, Chole inició su carrera legislativa. 
 
Temas empantanados 
A pocas horas de que concluya el primer periodo ordinario de la 62 Legislatura -15 de diciembre es la fecha legal, aunque puede prorrogarla al 30- no existen consensos entre el bloque oficialista (PRI-Verde-Panal) que lidera Gustavo Uribe Góngora y la oposición –la voz cantante la llevan Geovanna Bañuelos, PT; Lorena Oropeza, PAN; Luis Medina y Omar Carrera, Morena; y María Elena Ortega, PRD- en los temas vitales para Zacatecas y para el gobierno de Alejandro Tello.
Las iniciativas del paquete económico 2017, fundamentalmente la del refinanciamiento de la deuda, están empantanadas. Igual ocurre con la del Sistema Estatal Anticorrupción. Las primeras, en caso necesario, saldrían mediante el mayoriteo de la alianza gobiernista –Zacatecas Primero tiene 16 de los 30 diputados-. La otra, empero, dormiría, por lo que se ve, el sueño de los justos hasta que llegue un príncipe valiente a besarla.
El atascamiento del go bierno incipiente de Tello se debe –coinciden rojos y verdes, amarillos y azules- a la ausencia de operación política. En el Ejecutivo no hay quien haga política. No con la brillantez de Jesús Reyes Heroles, pero al menos con el estilo siniestro pero pragmático de Ricardo Monreal. El problema es que el propio Tello muchas veces ha dicho vanagloriándose que él no es político.
 
Acapara reflectores
Horas antes de la nochebuena, el gobierno diferente de Tello cumplirá sus primeros 100 días de vida. Los muchos problemas financieros, generados en gran medida por la corrupción, poco lo han dejado avanzar. Acaso lo más destacado haya sido medio enderezar el jorobado que engendró Guillermo Huizar en la estructura gubernamental.
Hasta ahora Tello no ha enfrentado recriminaciones sociales por esta lentitud. Ni siquiera por la reaparición de la violencia criminal. Ello se debe en gran medida a que las acusaciones de corrupción que le llueven a Miguel Alonso, más desde que el presidente Enrique Peña lo incorporó a su gabinete en la Fonatur, han acaparado la atención. La gente y los medios de comunicación están muy entretenidos con el tema.
Y los más distraídos son los diputados locales. Hacen a un lado los temas de trascendencia social para reprochar por la impunidad de la que, según ellos, goza el exgobernador, su hermano Juan Manuel y algunos de sus allegados que fueron los más ladrones.
Empero, el circo político también aburre. Y más cuando no hay qué comer. O cuando llega el abonero a cobrar la colcha, el casero por la renta o el empleado de la Comisión Federal de Electricidad a cortar la luz.
 
Sin operación política
Los grandes temas que Alejandro Tello necesita impulsar para lograr la gobernanza, como el Sistema Estatal Anticorrupción con la Procuraduría autónoma, la Auditoría Superior con dientes afilados y el Tribunal de Justicia Administrativa, pasan por los acuerdos políticos con los partidos, grupos parlamentarios, alcaldes y otros actores sociales.  Y hasta ahora no hay en el Ejecutivo quien haga esa chamba.
No hay operación política. En el Congreso, por ejemplo, el enlace del Ejecutivo con las fracciones parlamentarias es el exdiputado Rafael Gutiérrez. Y nadie lo pela. Ni sus compañeros del PRI.
Durante su campaña como candidato a gobernador, Tello ofreció construir una gran alianza por Zacatecas. Algo así como el pacto por México con el que Peña Nieto sacó sus reformas estructurales, buenas o malas, suficientes o deficientes, avaladas por todos los partidos políticos.
El pacto por México no lo construyó Peña. Miguel Osorio, Aurelio Nuño, Luis Videgaray y José Murat, entre otros, cuando todavía no tenían cargos en el gabinete, fueron los encargados de operarlo. El equipo de Peña negoció con Jesús Ortega y Gustavo Madero, entre otros líderes de la posición, para construir el proyecto. En Zacatecas Tello no tiene equipo político. Por ello el pacto ni siquiera se empieza a negociar.        
 
Si quiere puede
Puede Alejandro Tello, si quiere, probarle a los zacatecanos que la lucha contra la corrupción va en serio. Las acusaciones contra su antecesor y amigo Miguel Alonso están fuera de su ámbito. Las tiene la PGR de Raúl Cervantes. Y bien dijo, si le piden información sobre contratos y licitaciones, no ocultará nada.
Lo que sí está dentro del Ejecutivo estatal son las denuncias a las que la Procuraduría de Justicia de Francisco Murillo Ruiseco, quién sabe por qué, no ha dado seguimiento.

En la pasada administración, con Arturo Nahle y después Leticia Soto, la Procuraduría actuó con criterios políticos. No se movía la hoja del árbol sin la voluntad del mero mero petatero.
Y así, por ejemplo, Daniel Solís, expresidente de Sombrerete, miembro distinguido del Partido Nueva Alianza, no sólo evadió la orden de aprehensión que se libró en su contra, sino obtuvo “hueso” en la Seduzac que manejaba Marco Vinicio Flores.
Ahora Solís está prófugo de la justicia. Un juez le negó amparo contra la orden de captura y la Ministerial, si quiere, lo puede enchiquerar.
Otro exalcalde que la ASE de Raúl Brito se cansó en denunciar es Marco Antonio López. Durante su trienio en  Tlaltenango cometió un sinfín de pillerías. Se llevó 7 millones de una planta tratadora de agua y 2 millones de unos camiones de basura, por lo menos. Su sucesor Martín del Real lo denunció dos o tres veces en la Procuraduría. 
La lista de presuntos funcionarios ladrones es larga. Tello, si quiere, puede empezar con ellos a demostrar que su gobierno, en la lucha contra la corrupción, de verdad es diferente.

A tiro de piedra
Con la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, Gustavo Salinas Íñiguez y sus sobrinos Héctor Emanuel Galaviz e Iván Debaní López Íñiguez tendrán que enfrentar solos las demandas judiciales surgidas para definir la propiedad de parte del hotel Mesón de Jobito.
En 2013, el director del Instituto Zacatecano de Cultura se metió en el lío para quedar bien con su gobernador y jefe Miguel Alonso.  Y desde luego con Tovar, entonces director del Conaculta. Pero los Íñiguez se fueron enredando tanto que hoy, muerto su protector, podría cargar con todo el peso de la ley.
El departamento superior del edificio principal del Jobito era propiedad de Guillermo Tovar. Encargó a su amigo Álvaro Ortiz Pesquera su administración. Y éste a su vez la delegó -dicen que mediante un contrato ilegal- a su hijo Álvaro Ortiz Fava.
Durante más de 20 años Guillermo Tovar no se ocupó del inmueble. Alguna vez lo quiso vender, pero pedía muchos millones de dólares. Ortiz Fava lo ocupó todo el tiempo, pagando los importes de los servicios.
En 2013 Guillermo murió. Y su hermano Rafael vino a tomar posesión del inmueble. Empero encontró se adeudaba una suma millonaria a Ortiz Fava.  Quiso eludirla y fue cuando Salinas Íñiguez y sus sobrinos se inmiscuyeron. Cometieron allanamiento de morada, robo, amenazas y otras linduras.
De todos esos cargos, Rafael Tovar fue el principal imputado. Empero, su condición de secretario de Cultura del gobierno de Enrique Peña lo exentó de todo tipo de requerimientos judiciales. Y fue, de paso, manto protector de los Íñiguez.
Muerto Rafael Tovar, Gustavo, recientemente acusado de favorecer a su hermano Lupe “El Rebelde” con contratos jugosos del IZC, queda a tiro de piedra de la Procuraduría de Justicia.

Retazo con hueso
El reclamo del general secretario Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, por lo que hace a Zacatecas, tiene como destinatarios a los alcaldes de Fresnillo, Pepe Haro; Jerez, Fernando Uc; Zacatecas, Catarino Martínez –y Judit Guerrero a partir de enero-, Ramiro Flores, Villa de Cos; Sombrerete, Ignacio Castrejón; y Guadalupe, Enrique Flores. Esos municipios, por los hechos delictivos ocurridos recientemente en sus calles – crímenes y secuestros- serían los más peligrosos de Zacatecas.
 
Monreal diferente 
Extraña en Morena que Saúl Monreal no se involucre en la “pelea callejera” que inició Chole Luévano contra el exgobernador Miguel Alonso. Y que tampoco se meta en las descalificaciones al gobierno anterior e incluso al actual de Alejandro Tello, a cargo de Omar Carrera. Quienes saben de lo que sucede, dicen que Saúl se mantendrá al margen. Y se concentrará en su trabajo de promoción al “Peje” Andrés Manuel López Obrador. Quiere mostrar a la gente que es un Monreal diferente. 
 
Limpios y decentes 
En Zacatecas funciona una flotilla de 80 vehículos Uber. Y el secretario de Economía, Carlos Fernando Bárcena, tiene la intención de incrementarla a 160 el año próximo. Y es que el servicio Uber se significa por su eficacia, rapidez, cordialidad y respeto. Y eso no lo conseguirán los taxistas que trabajan sucios, malolientes, que se pasan los altos, que cobran lo que les da la gana, que a veces resultan tan peligrosos como los delincuentes, por más dispositivos electrónicos que les inventen.
 
Bodegas
de fayuca 

En las investigaciones que hace Xerardo Ramírez, director de Comercio Interior, para revivir a los mercados públicos, encontró que en el Roberto del Real Carranza al menos 80 de los 110 locales se utilizan como bodegas de fayuca. Los vendedores de mercancía extranjera, imitación en la mayoría de los casos, los rentan al ayuntamiento para guardar su fayuca que sacan a vender los domingos en la vía pública.
 
Tolerancia oficial  
La secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina debería ser más rotunda en el caso del impuesto minero. Denunció al delegado de la Sedatu, Rolando Omar Garza Martínez, por presuntos actos de corrupción. Y afirmó que tres alcaldes, y quizá cuatro, participarán como querellantes. El miércoles próximo acudirían a la Procuraduría de Francisco Murillo a ratificar la acusación. Empero, Paula Rey no ha dicho cuáles son esos alcaldes y cómo fue que se les presionó para otorgarles el impuesto minero.
 
Más contundencia
La secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina debería ser más rotunda en el caso del impuesto minero. Denunció al delegado de la Sedatu, Rolando Omar Garza Martínez, por presuntos actos de corrupción. Y afirmó que tres alcaldes, y quizá cuatro, participarán como querellantes. El miércoles próximo acudirían a la Procuraduría de Francisco Murillo a ratificar la acusación. Empero, Paula Rey no ha dicho cuáles son esos alcaldes y cómo fue que se les presionó para otorgarles el impuesto minero.
 
Acusación recíproca
En su visita a Zacatecas, Rosario Robles pataleó contra el gobernador Alejandro Tello. Consideró impropio que un gobernador hable ambiguamente de actos de corrupción. Lo instó a ir al grano. Y decirle pan al pan y vino al vino. Y es que Rolando Garza, el 4 de octubre, denunció que Zacatecas, por ineficiencia de los presidentes municipales y del gobierno estatal –se refería al gobierno de Miguel Alonso- no habían ejercido 114 millones de pesos del fondo minero de 2014. 




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